El Gobierno ha dado el último empujón a la creación de un registro de pasajeros, el PNR, una herramienta que permitirá cruzar los datos de millones de viajeros con las bases de datos policiales a fin de controlar los movimientos y entradas en territorio europeo de posibles sospechosos terroristas.
El Ejecutivo, entonces del Partido Popular, aprobó el pasado 9 de febrero el texto del anteproyecto de ley orgánica sobre registros de pasajeros, de cara a trasponer al ordenamiento jurídico la directiva comunitaria que el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2016.
Un texto que el Gobierno remitió al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y a los diferentes ministerios afectados para que elaborasen sus respectivos informes, según han informado a Efe fuentes del Interior.
Uno de esos informes, el del CGPJ -que era no vinculante-, reprochaba la falta de garantías sobre el uso que Interior haría de los datos que obtenga de los controles de los aeropuertos españoles.
Hoy, una vez recibidos todos los informes, el Gobierno ha aprobado definitivamente el anteproyecto de ley orgánica, que incluye las indicaciones y recomendaciones que han sugerido los diferentes órganos durante el procedimiento.
La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha anunciado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la definitiva aprobación del texto, de manera que ahora irá al Congreso de cara a que se inicie su tramitación parlamentaria.
El objetivo del anteproyecto es "la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento" de estos delitos.
La decisión ha sido tomada a instancias del Ministerio del Interior "ante el incremento y amenaza del crimen organizado, especialmente del terrorismo, en Europa y con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea y en el marco jurídico de la protección de datos".
Los datos del PNR incluirán información personal como el nombre de los pasajeros, fecha de vuelo, itinerario, asientos, equipaje, información de contacto, agencia, etc., y comprenden todos los vuelos de entrada, salida o que hagan escala en España.
El registro garantizará la protección de datos de carácter personal y estará bajo la tutela de la Unidad de Información de Pasajeros, dependiente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que está integrada por 250 agentes de policía y guardia civil.
Un sistema informático tratará estos datos, que serán cruzados con las bases policiales del CITCO y quedarán almacenados durante seis meses.
Pasado ese tiempo, los datos pasarán a opaco y en cinco años se borrarán.
Las autoridades competentes para solicitar o recibir dichos datos serán la Policía Nacional, la Guardia Civil, la DAVA, los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal y las policías autonómicas de Cataluña y del País Vasco.
