La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampara este jueves la actuación del juez Miguel Florit contra la libertad de información de Diario de Mallorca y Europa Press ante la exigencia de medio millar de periodistas de toda España en el instaban al órgano de gobierno del CGPJ que se posicionasen en favor de este derecho fundamental frente al "insólito e injustificado" ataque a la libertad de prensa de estos dos medios de comunicación y dos de sus informadores.

A pesar de que no estaba en su orden del día, la Comisión Permanente se ha visto obligada a pronunciarse ante la presión de los profesionales de la información y ha optado por ponerse del lado del juez Florit, porque "es a los jueces a quienes corresponde establecer el alcance y límites de ese derecho y que el Consejo no puede revisar sus decisiones".

La declaración aprobada tras el registro en el CGPJ del escrito de más de 650 periodistas de medios de comunicación de todo el Estado dice que la Comisión Permanente "comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación".

"Los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho: sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática. Por lo tanto, este Consejo manifiesta su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información".

Prosigue el comunicado diciendo que "la tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección corresponde a los jueces y tribunales en el seno del proceso y constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes".

Amparando las actuaciones del juez Florit --que han permitido a la Policía acceder a las llamada de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou durante semanas a pesar de no estar imputados, además de requisarles sus móviles y enviar a agentes a las redacciones de Diario de Mallorca y Europa Press para incautarse de materiales periodísticos y ordenadores--, dice el órgano de gobierno de los jueces que "los propios profesionales que se dirigen al Consejo conocen la doctrina constante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que afirma que una vez que un juez ha adoptado una resolución judicial no le cabe al Consejo interferir para modificar su contenido". "La cuestión jurisdiccional es un territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial. Lo contrario implicaría una intromisión indebida de este órgano de gobierno con la potestad jurisdiccional de los tribunales incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales".

El CGP remite a los periodistas a acudir a los tribunales, pues "solo a través de los cauces procesales adecuados, podrían los profesionales que se han dirigido al Consejo plantear si ha habido, o no, vulneración de los derechos constitucionales invocados".