La intentona secesionista de 2017 fue una exploración de los nuevos límites del conflicto catalán en la que las partes enfrentadas transitaron por terrenos inéditos. El independentismo llegó hasta unos confines nunca alcanzados, puso urnas pese a todas las advertencias de ilegalidad y proclamó, sin proclamar, la república. El Gobierno de Rajoy estrenó el artículo 155, un recurso constitucional pendiente de prueba y de efectos desconocidos. La experiencia resultó traumática para los dos bandos. El soberanismo quedó descabezado por la acción judicial y los líderes de entonces están en la cárcel o huyeron del país para eludirla. Toda su fuerza se concentra ahora en torno a quienes de manera directa sufren la respuesta legal a su acciones que, pese a las reiteradas advertencias, parece que nunca supusieron que llegara a ser tan dura.
Del otro lado, Rajoy terminó por sucumbir al conflicto que nunca supo controlar con una moción de censura en la que pesaron más las ganas de venganza del independentismo que las insuficientes afinidades con las propuestas sobre Cataluña que Sánchez pudiera poner sobre la mesa.
El único avance en la cuestión catalana en estos seis meses es la recomposición incompleta del autogobierno, deteriorado por la intervención de la Generalitat, algo de lo que el secesionismo parece no hacer demasiado aprecio. Y ello pese a que guarda buena memoria del 155 y teme su vuelta, como demuestran los intentos de rebajar las protestas contra el Consejo de Ministros del 21 de diciembre, como prevención ante cualquier tipo de suspensión de sus competencias. Está todavía demasiado reciente el tiempo de privación y, al margen de las convicciones ideológicas, no conviene olvidar que para una parte de la élite política catalana el soberanismo es ahora un modus vivendi.
Hay un exceso de expectativas fracasadas, quizá porque eran falsas, y recelos mutuos sobre la posibilidad de que el contrario vuelva a transitar por caminos que ahora ya son conocidos y se sabe a dónde llevan. En este contexto, la pretensión del Govern de que Sánchez y Torra hablen de todo equivale a no hablar de nada y constatar que el conflicto sigue en punto muerto. Los poderes del diálogo son limitados y su eficacia depende de que ambas partes tengan clara la agenda y las reglas, condiciones que ahora no se dan y que hacen que el encuentro entre el presidente y el president, si llega a producirse, esté abocado a la frustración.
Con el juicio a los líderes soberanistas a la vuelta de la esquina y con la presión creciente de quienes, no sólo desde la derecha, reclaman un nueva intervención dura, e incluso la ilegalización de la mitad del electorado catalán, nada cabe esperar. El deshielo comenzará cuando el núcleo del soberanismo termine por romper, momento que llegará si las elecciones de primavera confirman la primacía de ERC y los de Junqueras retroceden a posiciones más posibilistas. Es dudoso, pero para descartarlo hay que esperar.
