El pleno del Congreso ha rechazado hoy reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces designen a la mayoría de los vocales, un cambio impulsado sin éxito por el PP y Ciudadanos.

Un total de 176 diputados han votado en contra de las enmiendas introducidas en el Senado para limitar el papel del Parlamento en la elección del órgano de los jueces, mientras que 164 las han apoyado (sólo UPN y Foro Asturias han sumado su voto a los de los populares y los de la formación naranja).

PP y Ciudadano han subrayado que la sociedad y las asociaciones de jueces y fiscales reclaman la "despolitización" del CGPJ, pero la mayoría ha descartado desvinvular a ese órgano del Parlamento, sede de la soberanía popular, y ha criticado con dureza a los populares por plantear la reforma sin consenso y en el último minuto, tras fracasar la renovación negociada con el PSOE.

Al margen de esas enmiendas, se ha aprobado definitivamente y con una amplia mayoría (290 votos) la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que diseña un CGPJ menos "presidencialista", en el que el pleno recupera competencias y todos los vocales vuelven a tener dedicación exclusiva.

Se apuesta también por mayor transparencia en los nombramientos discrecionales de cargos judiciales, con convocatorias públicas, baremos objetivos para ponderar los méritos de los candidatos y respeto a la paridad.

Pero el consenso en torno a esas medidas, que revierten en parte la reforma que impulsó en 2013 el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, ha quedado opacado por el debate en torno al sistema de elección de los vocales del CGPJ, que trabaja en funciones desde el pasado 4 de diciembre.

Todos los grupos han recriminado al PP su "giro copernicano", ya que negoció la renovación de los actuales vocales con el Gobierno y sólo propuso cambiar el sistema de elección después del polémico wasap en el que su portavoz en el Senado, Ignacio Cosió, insinuaba que con el acuerdo se podría influir en el Tribunal Supremo, y de que el magistrado Manuel Marchena renunciara a presidir el CGPJ.

La portavoz de Justicia del grupo popular, María Jesús Moro, ha justificado el cambio de postura de su partido ante el "clamor social" para que se despolitice el órgano de gobierno de los jueces.

Y ha llamado sin éxito al resto de grupos a actuar con "responsabilidad", a no aprovecharse de "alguna bravuconería que no se tenía que haber producido" y confiar en los profesionales.

Ciudadanos, que había hecho bandera del cambio del sistema y ha votado en contra de la ley al no aprobarse las enmiendas, tampoco ha convencido al resto de grupos, a los que ha advertido de que se trataba de una "oportunidad histórica" para corregir un sistema "pernicioso" que ha llevado al "descrédito" a la carrera judicial, en palabras de José Ignacio Prendes.

El portavoz socialista, Juan Carlos Campos, ha denunciado la "incoherencia" del PP y unos "vaivenes que denigran" el sistema de justicia y al propio CGPJ, mientras que desde Unidos Podemos Eduardo Santos acusaba a los populares de "cargarse el dialogo" y presentar una fórmula "populista" y dirigida a "un público gremial".

Para Compromís la actitud del PP en el Senado fue una "pataleta infantil" y para el PDeCAT, una "frivolidad".

ERC ha abogado por una reforma mucho más profunda del CGPJ y el portavoz vasco, Mikel Legarda, ha puesto de manifiesto que el problema no es el sistema de elección parlamentaria, sino "la lógica de las cuotas ciegas entre partidos", que se desentienden de los candidatos que proponen los otros con tal de que se acepten los propios.

Así, sin vetos, fue como negociaron el PP y el Gobierno la renovación del actual CGPJ, un acuerdo que acabó saltando por los aires.

Al no cambiarse el sistema, la elección de un nuevo CGPJ vuelve a estar en manos de populares y socialistas, ya que la ley fija que los nuevos vocales necesitan el apoyo de tres quintos de las Cámaras.

El consenso se augura complicado y los grupos asumen que el actual CGPJ seguirá tiempo en funciones bajo la presidencia de Carlos Lesmes, una situación que, reconocen, nadie deseaba y no ayudará a mejorar la imagen de la justicia ante los ciudadanos.