El Gobierno ya ha decidido cómo evitar que la familia de Francisco Franco entierre los restos del dictador en la cripta de La Almudena. Tras constatar que el Congreso no permitirá tramitar a corto plazo la reforma de la ley de Memoria Histórica, bloqueada por PP y Cs en la Mesa de la cámara, el Ejecutivo ha decidido recurrir, según informó ayer "El Confidencial", a una aplicación pura y dura de ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
El informe requerido a la delegación del Gobierno en Madrid, que desaconseja el enterramiento en pleno centro de la capital por "razones de orden público y de seguridad", brinda los argumentos necesarios para servirse de la polémica "ley Mordaza". El Ejecutivo estima, según la fuente, que esta ley proporciona un blindaje muy poderoso, porque tiene rango orgánico, sólo por debajo de la Constitución, lo que la sitúa por encima del decreto ley gubernamental que regula la puesta en marcha de la exhumación.
El texto de la delegación de Gobierno, difundido el pasado viernes, desaconseja la inhumación en la catedral de La Almudena invocando el riesgo de atentado terrorista, las dificultades para mantener el orden público, los eventuales colapsos circulatorios que podrían ocasionarse, el previsible aumento de la conflictividad y el recorte de libertades y derechos fundamentales al que obligaría la presencia de la tumba de Franco en la iglesia madrileña: integridad física, libre circulación, manifestación y reunión, y libertad religiosa.
