El Gobierno ha desclasificado y remitido a la Audiencia Nacional nueva documentación sobre seguimientos practicados dentro de la "operación Kitchen" de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas por el ministerio del Interior, en 2013, siendo ministro Jorge Fernández Díaz.
El Ejecutivo considera que se trata de un caso "absolutamente grave" por el supuesto uso "ilícito" de medios públicos, ya que se sospecha que el operativo fue montado por policías e incluyó pagos con fondos reservados al chófer de Bárcenas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la desclasificación de los nuevos documentos encontrados después de que el pasado diciembre el Ejecutivo levantara el secreto sobre otra serie de notas relacionadas con el caso.
El espionaje a Bárcenas, ordenado siendo director general de la Policía el actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, propició ayer divergencias en la cúpula popular. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, instó a Cosidó a "asumir las responsabilidades de sus hechos" y sentenció que quienes usen las siglas del PP para hechos "repugnantes" no tienen cabida en el partido. Al poco, el vicesecretario de Organización popular, Javier Maroto, aseguró que se asumirán responsabilidades, "sea quien sea la persona", cuando haya "hechos probados", algo que, dijo, "no sucede" por el momento. Maroto atribuyó la desclasificación de documentos a un intento del Gobierno de "tapar" la convención del PP que se abrió ayer.
