La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que se lleven a cabo nuevas peticiones de información a países en los que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tendría cuentas bancarias, a fin de no demorar "ad eternam" (eternamente) la investigación por un presunto delito de blanqueo.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección número 23 ratifica la decisión del juez encargado de la instrucción, Antonio Serrano-Arnal, que estimó que "no era necesario llevar a cabo más diligencias" ya que la Guardia Civil había cifrado en 7,8 millones de euros la cantidad supuestamente defraudada y se conocía "su destino final y la operativa seguida".
De esta manera, la sala se opone a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado noviembre solicitó varias pruebas, incluidas comisiones rogatorias a Mónaco, Alemania, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y Panamá, e información a entidades bancarias sobre las cuentas de 20 personas físicas y jurídicas.
Pretensiones desestimadas por el juez, para quien se trataba de una "petición generalizada" contraria a la prohibición de investigaciones prospectivas, "lo que pone de relieve la inexistencia de indicios sólidos".
La Audiencia de Madrid llama también la atención sobre "el extenso conjunto informativo" recopilado "desde 2006, es decir, durante los últimos trece años" sobre Rato, lo que sumado a la "ingente cantidad de datos" que solicita ahora la Fiscalía, dilataría la instrucción de forma "desmesurada".
Se trata de una pieza separada del caso Rato que tuvo que ser reabierta en octubre de 2017 por la Audiencia de Madrid, y que trata de esclarecer si el exministro ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero y ha utilizado como testaferros sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida.
Operativa cuyo fin último habría sido, según los investigadores, defraudar a Hacienda mediante el envío a éstas de cantidades de dinero que permanecían ocultas al fisco.
De estas acusaciones respondió el ex director gerente del FMI el pasado 30 de julio en la que fue su penúltima comparecencia pública antes de entrar en prisión para cumplir su condena de cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas "black" de Caja Madrid.
En aquella ocasión, negó ante los medios haber blanqueado dinero a través de empresas en el extranjero y afeó a la fiscal Elena Lorente por investigarle "sorprendentemente cuando se ha demostrado que no ha habido fraude".
"Todos esos dineros eran míos, perfectamente justificados, trazeados y explicados, no lo ha hecho la ONIF (Oficina Antifraude dependiente de Hacienda) que se ha negado a hacerlo, y lo he tenido que hacer yo con una pericial", relató.
