Tras la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos podría quedar en el aire, en previsión de que la familia del dictador recurra la aprobación que este viernes llevará a cabo el Consejo de Ministros.
El Gobierno, una vez que considera que el procedimiento legal ha concluido, dará un plazo de 15 días para que los familiares fijen un lugar al que trasladar los restos, descartando la cripta de la Almudena.
La exhumación de Francisco Franco es una de las medidas 'estrella' anunciadas por el Gobierno de Sánchez desde su llegada a La Moncloa, y el consiguiente decreto ley ya fue convalidado en septiembre en el Congreso de los Diputados con 176 votos a favor, sólo dos votos en contra y las abstenciones de PP y Ciudadanos.
En octubre, la ministra Carmen Calvo aseguró que el Vaticano no se oponía a la exhumación, si bien dicha afirmación fue desmentida por la Santa Sede al día siguiente, asegurando simplemente que no se pronunciaba al respecto.
El Ejecutivo encargó en noviembre a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remitiera al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, del que depende el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, de cuya redacción se encargaban los servicios técnicos de Patrimonio Nacional.
Con todos los procedimientos "garantistas" en marcha, el Ejecutivo anunció que la exhumación quedaría resuelta antes de finalizar 2018 con un coste de 4.000 euros pero, sin embargo, ha tenido que ver cómo se ha dilatado hasta seis meses desde que anunció la decisión.
El pasado mes de diciembre, tuvo que admitir que se retrasaría hasta enero, fruto del comportamiento "obstruccionista" de la familia, así como de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y de la Abadía Benedictina. Sin ir más lejos, hace varias semanas, el Gobierno denunció que el prior se había negado en varias ocasiones a seguir las indicaciones de las autoridades eclesiásticas al respecto de la exhumación.
"Riesgo de orden público"
La pretensión de la familia de inhumarlo en la Almudena supone, según el Gobierno, "evidentes riesgos de orden público". Pese a que en un primer momento Carmen Calvo aseguró que no podían "más que respetar dicha decisión", finalmente y, agarrándose a la Ley de la Memoria Histórica y a un informa de la Delegación del Gobierno en Madrid, anunció que no lo permitiría por suponer "una amenaza que el Ejecutivo no puede asumir".
Por ello, otorgará a la familia estos 15 días de margen para elegir un nuevo destino para los restos. En caso contrario, aseguran, sería el Gobierno el que decidirá la nueva ubicación de Franco, pues lo que sí tiene claro es que mantener al dictador en el Valle de los caídos es "una anomalía atroz".
La familia recurrirá la decisión del Gobierno de este viernes - ya recurrió en diciembre ante el Supremo alegando ilegalidades, aunque el Alto Tribunal rechazó la paralización del proceso-. Así las cosas, habrá que esperar a los procedimientos judiciales pertinentes, pues la familia tiene hasta dos meses y medio para recurrir y pedir la suspensión cautelar de la decisión, por lo que esta por comprobar si Sánchez podrá ver cumplido una de sus medidas 'estrella' dentro de su mandato y, de no lograrlo, ver qué pasos tomará el próximo Ejecutivo salido de las urnas.
