Oriol Junqueras se presentó ayer ante el tribunal del "procés" como un "preso político" sometido a "un juicio político", pero no quiso perder la oportunidad de hablar que le brindaba la vista oral "tras un año de silencio forzado". Lo hizo en castellano ("un placer", dijo, porque así podía dirigirse "a la ciudadanía española"), pese a que la Sala autorizó a los acusados a emplear el catalán -si bien con traducción consecutiva-, y estuvo tan locuaz que él mismo reconoció en un momento que hablaba con "un poco de pasión". Tenía ganas.
Por lo demás, el presidente de ERC mantuvo su estrategia de defensa: sólo contestó a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, y luchó para rebatir la acusación de rebelión (que puede acarrearle 25 años de prisión) condenando vehementemente la opción de la violencia para lograr el objetivo de la secesión: "Nunca, nunca, nunca, nunca". "Antes que demócratas, somos buenas personas", confesó.
Lo que no significa que tras más de quince meses en prisión preventiva, haya cambiado su percepción de los hechos de septiembre y octubre de 2017. Lo dejó dicho con dos frases contundentes: "Nada de lo que hicimos es delito". Y: "Votar no es delito; impedirlo por la fuerza, sí".
Junqueras buscó aparecer ante los siete jueces que componen el tribunal como un "humanista cristiano" que llegó "tarde" a la política (y precisó cuándo, citando a Dante: "Nel mezzo del cammin di nostra vita"). "Libertad, igualdad y fraternidad son mis principios", agregó para completar su autorretrato. Y con la voz quebrada y la emoción a punto de desbordarse, desgranó los dogmas de su credo secesionista. El derecho de autodeterminación es "la aplicación del principio democrático". Y la apuesta siempre es por el diálogo: "Siempre hemos intentado darle una salida política al conflicto, incluso sentados aquí ante este tribunal".
Diálogo, no violencia, porque "cualquier objetivo noble puede resultar inmoral si los mecanismos para conseguirlo son indecentes". Diálogo, y sin sombra de delito: "No hemos cometido ni uno de los delitos que se nos quieren atribuir". Pero "ante una propuesta mayoritaria, reiterada en el tiempo, democrática, pacífica... la silla de enfrente siempre está vacía", se quejó. Y el conflicto catalán "no va a resolverse "poniendo a la gente en la cárcel. Habrá quien piense que sí y hasta que somos pocos, pero no se resuelve así", dijo en el único contagio del catalán que sufrió su castellano en toda la declaración.
El líder de ERC, candidato de su partido a las elecciones europeas del 26 de mayo, situó "el punto de inflexión" para el independentismo en la sentencia del TC que "devastó" el Estatut. Desde entonces piensa que la mejor opción para garantizar la "convivencia" entre Cataluña y el resto de España es "un reconocimiento entre iguales".
"Yo amo a España, a sus gentes, su lengua y su cultura", dijo a renglón seguido, en una frase que le mereció el calificativo de "cínico" por parte de Ciudadanos.
Con esta frase, y tras el receso de media hora que marcó Marchena, acabó la parte más política de la declaración de Junqueras, que, después, y siempre a preguntas de su abogado, trató de rebatir las acusaciones.
Así, sobre el registro de la Consejería de Economía, el 20 de septiembre de 2017, y la protesta de hasta 50.000 personas que obstaculizaban la salida de la comitiva judicial que lo estaba practicando, el procesado dijo que la recordaba como una protesta "pacífica", en la que se cantó hasta un himno religioso, pese a que las acusaciones sustentan en la "violencia" de ese episodio la acusación de rebelión. Junqueras dijo que no conocía el documento "Enfocats", que tachó de "extravagante" y "apócrifo". Pero se trata de una de las pruebas de cargo, pues en él se incitaba a emprender "acciones" que llevaran a un "conflicto" para "generar inestabilidad".
Y también negó el delito de malversación porque en la consulta del 1-O no se gastaron dineros públicos y, además, las cuentas catalanas las controlaba "semanalmente" el Gobierno. "A los contribuyentes no les costó nada la celebración del referéndum".
Siguieron adelante con la consulta para "proteger el derecho al voto" y porque "votar no es un delito". Pero tildó la acción policial del 1-O como "injustificada", "innecesaria" y contraria al "mandato" de la juez Mercedes Armas del TSJC, que pidió evitar el referéndum sin alterar "la normal convivencia ciudadana".
Remató su defensa, en este punto, achacando a la Policía Nacional y la Guardia Civil la violencia habida el día de votación, que "era imposible de prever". Y señalando que él no dio orden a los Mossos de que no cumplieran el mandato judicial de impedir la consulta. "Les dije que lo cumplieran del mejor modo que creyeran oportuno".
