El exconsejero catalán de Asuntos Exteriores Raül Romeva sigue la estrategia de defensa, en el juicio por el proceso independentista, ya vista en el exvicepresidente Oriol Junqueras, ya que ha decidido no contestar a las preguntas de las acusaciones al considerarse un "preso político" sujeto a un "juicio político".

Por eso, Romeva ha comunicado al tribunal que juzga el 'procés', tras ocupar la silla destinada para las declaraciones de acusados y testigos, que únicamente responderá a las cuestiones que le plantee su abogado, Andreu Van Den Eynde, quien también defiende a Junqueras.

"En coherencia con lo que he hecho durante la instrucción, voy a declarar sólo a las preguntas de mi abogado. Y porque considero que esto es un juicio político. Me considero un preso político", ha afirmado el exconsejero, quien también ha expresado su queja por no contar con una traducción simultánea del catalán durante su interrogatorio.

El Ministerio Público solicita para el exconsejero 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación, mientras que la Abogacía del Estado rebaja su petición a 11 años y medio de prisión al acusar sólo de sedición y malversación. Vox, por su parte, eleva la solicitud de pena hasta los 74 años por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación.

Sobre la actuación concreta de Romeva en los hechos que se juzgan, la Fiscalía afirma que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las páginas web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.

La defensa de Romeva insiste, por su parte, en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.

Niega la violencia en el "procés": "Rotundamente no"

El exconseller de Acción Exterior de la Generalitat Raül Romeva ha negado, como han hecho hasta ahora sus compañeros de banquillo, cualquier tipo de violencia en el proceso independentista de Cataluña, no solo por no ser "deseable" para alcanzarla sino por ser "francamente poco inteligente".

Romeva ha defendido que el Govern al que pertenecía no hizo "nunca jamás" ninguna "incitación a la violencia": "Rotundamente no".

"Ante la represión, no violencia", ese era el "mandato cívico, político e institucional" que, según Romeva, la Generalitat predicó ante la ciudadanía y no solo por convicción ideológica sino porque "es mucho mas probable conseguir el objetivo legítimo" que se plantearon "utilizando mecanismos no violentos".

"No solamente no es deseable (la violencia) sino que es del todo descartable y francamente poco inteligente", ha dicho el exconseller, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.

Ha negado la violencia en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, donde solo vio "una manifestación, un ejercicio lícito y pacífico del derecho a la violencia" porque "manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un delito", como tampoco lo es opinar.

Por tanto, según Romeva, "las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil" y es, a su juicio, "absolutamente pernicioso hablar de alzamiento cuando los hechos demuestran lo contrario".

Y aunque ha lamentado "hechos concretos" como los daños en varios vehículos de la Guardia Civil aparcados frente al edificio de la Conselleria, que ha atribuido a una "responsabilidad individual", a juicio de Romeva, esto no puede utilizarse "en absoluto" para "condicionar que miles de personas se manifestaron cívicamente y pacíficamente".

A su juicio, sí que hubo violencia el 1-O, pero por parte de las Fuerzas de Seguridad, ejercida con "crudeza" sin justificación y de manera "contraproducente" ante la que la ciudadanía, que respondió con una "resistencia pacífica", y que dio lugar a "una enorme cantidad de víctimas civiles", según el exconseller "alrededor de un millar".

Una actuación que "no se encuadra en absoluto en el comportamiento de lo que debíamos entender con una Policía democrática en un país democrático" y que representa una "mancha bastante grave en la historia de la democracia española".

Romeva apela a la "negociación multilateral" y dice que la DUI fue "política"

Romeva se ha sumado a otros exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont al tildar de "política" la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, que les daba un "mandato político" para abrir una "negociación multilateral" como solución al conflicto.

Eso sí, desde "una negociación multilateral" -término también acuñado por el exvicepresident, con el que comparte abogado-, que es "como entendíamos entonces y entendemos hoy que debe afrontarse el conflicto".

Lo que pasó, ha dicho, es que la respuesta del Gobierno siempre fue "inexistente" o incluso "más represión" hasta tal punto que "quienes debían hacer política no lo hicieron" y pasaron a los tribunales la "responsabilidad de dar respuesta a una cuestión que les atañe a ellos".

"Les pido humildemente que no asuman esta responsabilidad y que devuelvan esta carpeta a la política", ha dicho Romeva ante el Supremo en relación al conflicto secesionista catalán, que ha calificado en varias ocasiones de una "carpeta incómoda".

Romeva: Todo arranca con la sentencia del Estatut, fue una ruptura emocional

Raül Romeva ha situado el "momento relevante" del proceso soberanista la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña del año 2010, pues supuso una "ruptura emocional dramática" para él y para muchos otros catalanes.

"Yo hasta 2010, como otra mucha gente, no estuve independentista, estaba federalista", ha explicado Romeva en su declaración en el juicio del "procés", en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado.

El exconseller -que procede de Iniciativa per Catalunya-Verds- ha rebatido las interpretaciones que sitúan el comienzo del "procés" en 2012, pues, a su juicio, "el punto de inicio, el punto de inflexión, el momento relevante" está en 2010.

Y fue por la sentencia sobre el Estatut de Cataluña que emitió el Tribunal Constitucional, "un tribunal altamente politizado que emitió una sentencia dramática, en el sentido que supuso una ruptura emocional para mucha gente".

Esa sentencia supuso "la ruptura de un pacto importante, del pacto constitucional de 1978 de forma unilateral por parte de un TC politizado" y a partir de ahí muchas personas decidieron que era necesario otro pacto.