La Audiencia Nacional advierte a Carles Puigdemont que la demanda presentada en Bélgica contra el juez del Supremo que investigó el "proces", Pablo Llarena, para exigirle responsabilidad civil es un "evidente fraude de ley".
El tribunal hace esta reflexión en un auto en el que confirma el rechazo a tramitar las querellas presentadas por la asociación de juristas Movimiento 24DOS y por Vox, por rebelión y otros delitos, contra la jueza belga que estudia la demanda civil contra Llarena presentada por Puigdemont y los exconsellers.
La Audiencia aprecia "fraude de ley" en la demanda de Puigdemont. Ahora bien, añade que de este fraude no se puede inferir que el expresident haya cometido ningún delito, y "menos aún" la juez belga que tramita la demanda.
Por otro lado, un reciente informe de la Guardia Civil llegado al juzgado número 13 de Barcelona -el primero en abrir una investigación sobre el referéndum del 1-O- concluye que Francesc Sutrías, director de Patrimonio a las órdenes del vicepresident del Govern Oriol Junqueras, conocía "la estrategia" que había que seguir para "garantizar la impunidad" de los Mossos d'Esquadra: abarrotar los colegios electorales desde primera hora de la mañana para que tuvieran la "coartada" de no intervenir.
Y no sólo eso: Sutrias habló con los dueños de Unipost para abordar la destrucción de pruebas y cómo debían responder ellos y sus empleados a la Guardia Civil, que intervino en las naves de la empresa gran parte del material electoral de la consulta.
Por otro lado, la Guardia Civil investiga el grado de implicación del expresident Artur Mas en la contratación de la empresa T-Systems para que diese soporte informático a la organización del 1-O. Un equipo de los Mossos se reunió en junio de 2016 con directivos de T-Systems, que les expusieron la plataforma digital para la Policía de una futura república catalana y el proyecto para crear un DNI catalán.
