La Junta Electoral Central ha decidido abrir un expediente sancionador al presidente de la Generalitat, el independentista Quim Torra, por su negativa a cumplir la orden que dictó hace diez días de retirar 'esteladas' y lazos amarillos que son contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral. Además, ha trasladado el caso a la Fiscalía al apreciar indicios de un delito de desobediencia, lo que podría desembocar en una condena por inhabilitación.
Tras la negativa de Quim Torra a aplicar las sucesivas órdenes para retirar esos símbolos contrarios al deber de neutralidad, la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido poner en marcha las tres vías de actuación a su alcance.
Por un lado, ha cursado órdenes a la Consejería de Interior de la Generalitat para que los Mossos d'Esquadra retiren esos símbolos partidistas, tanto los lazos amarillos y las 'esteladas' como las otras pancartas de similar contenido que se han decidido colocar este jueves como alternativa y que siguen vulnerando el deber de neutralidad porque siguen hablando de los autodenominados "presos políticos" que son candidatos de dos partidos concretos (ERC y Junts-PDeCAT).
Retirada de los lazos antes de las 15:00h
La JEC ha dado un plazo que vencerá este viernes a las 15:00h para que quite de la sede de la Generalitat y de los edificios dependientes de la administración los lazos amarillos o blancos, pancartas y símbolos "partidistas" que encuentre exhibidos, y advierte de que si no cumple la resolución, podría haber responsabilidades penales.
Fuentes de la Junta han informado a Efe de que éste es uno de los términos del acuerdo por el que el órgano electoral pide al consejero de Interior del Govern que de "manera inmediata" dé instrucciones a los Mossos para que aparten de la vía pública tales símbolos, contrarios a la Ley en periodo electoral.
Aparte de quitar las esteladas, los lazos, las pancartas o incluso "imágenes o expresiones" similares a otras usadas por formaciones que concurren a las elecciones, la Junta pide al consejero de Interior que entre sus instrucciones figure la vigilancia de que tales símbolos no volverán a colocarse en fachadas de edificios públicos durante el periodo electoral.
En su acuerdo, el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley Electoral advierte de que si la retirada no se completa "estrictamente" antes del plazo dado, la Consellería de Interior podría incurrir en responsabilidades administrativas y penales.
Asimismo, indica que si no se cumple el acuerdo, la Junta se dirigirá al prefecto de Policía de la Consellería para que lo ejecute, y por ello, recalca que el contenido de lo establecido este jueves se traslada también a él.
Por otra parte, la Junta Electoral Central ha acordado abrir un expediente administrativo al presidente de la Generalitat por no haber accedido a cumplir las órdenes de retirada de los símbolos, lo que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros.
Además, se ha dado el primer paso en la vía penal, pues la Junta Electoral Central ha enviado las diligencias a la Fiscalía al apreciar indicios de que Torra ha incurrido en un delito de desobediencia que podría conllevar inhabilitación para ocupar un cargo público (ya le pasó a una alcaldesa de la CUP), e incluso prisión.
Una vez que reciba el escrito, la Fiscalía debe determinar el órgano al que compete investigar y, al ser Torra aforado y tratarse de hechos ocurridos en el territorio de Cataluña, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad decidir sobre el asunto, con lo que la iniciativa se trasladará a la Fiscalía Superior de Cataluña.
El precedente más claro es el del expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenados por el TSJ a penas de inhabilitación por desobediencia por la organización del 9N, en una sentencia posteriormente rebajada por el Supremo. En el caso de Mas, la primera condena fue de dos años y la segunda la redujo a uno.
Están pendientes de juicio en el TSJ catalán los miembros de la Mesa durante el "procés". Su caso se empezó a investigar en el Supremo dentro de la causa que se sigue por rebelión, pero finalmente se remitió al Tribunal Superior de la comunidad al estar procesados únicamente por desobediencia.
El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Este jueves por la mañana, Torra ha sustituido el lazo amarillo de la pancarta a favor de "presos y exiliados" en la fachada del Palau de la Generalitat por un lazo blanco atravesado por una franja roja.
Torra cambia el lazo amarillo de la Generalitat por uno blanco. Agencia ATLAS / EP
Torra reivindica la libertad de expresión "hasta las últimas consecuencias"
Tras conocer la decisión de la Junta Electoral Central, el presidente catalán ha reivindicado la necesidad de defender la libertad de expresión "hasta las últimas consecuencias".
Torra ha intervenido en el acto de presentación de la lista de JxCat para el Ayuntamiento de Barcelona, en el Casino Aliança del Poblenou, y durante su discurso no ha mencionado directamente la polémica de los lazos.
Pero sí ha resaltado que, en las elecciones generales y municipales, JxCat debe defender "hasta las últimas consecuencias" el derecho a la "libertad de expresión", así como el derecho de manifestación y el de autodeterminación.
