El lazo blanco situado desde ayer en la fachada de la sede del Departamento de Economía de la Generalitat, que sustituyó a uno anterior de color amarillo, ha sido retirado en la mañana del viernes.
Fuentes de la consellería han señalado a Efe que, de momento, no pueden detallar si el lazo ha sido retirado por personal de la propia consellería o por las fuerzas de seguridad.
El lazo blanco situado desde este jueves en la fachada de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, que sustituyó a uno anterior de color amarillo, ha sido retirado en la mañana del viernes.
Fuentes de esta consellería, que dirige Pere Aragonès (ERC), han señalado que la pancarta con el lazo blanco la ha retirado, por iniciativa propia, personal de la misma conselleria, la primera que ejecuta la orden de la Junta Electoral Central (JEC) al respecto.
La retirada se produce después de que la Junta Electoral Central (JEC) acordara este jueves llevar al presidente catalán, Quim Torra, a la Fiscalía por la responsabilidad penal en la que pudiera haber incurrido al mantener los símbolos independentistas en los edificios públicos de la Generalitat y de que instara a los Mossos d'Esquadra a hacer efectiva la orden antes de las 15:00 horas de este viernes.
La conselleria de la Vicepresidencia y de Economía, que en su día tuvo al frente como conseller a Oriol Junqueras, es la primera que retira alguno de estos símbolos.
Este departamento sustituyó este jueves el lazo amarillo de su fachada por una pancarta con la silueta de un lazo blanco con una franja roja atravesándolo, que es la que esta mañana ha sido retirada.
Las mismas fuentes de la conselleria han señalado que ya hace meses que se retiró de la fachada del edificio de Rambla de Catalunya la pancarta amarilla con la cara de Junqueras en la que se pedía su puesta en libertad.
La Junta ha decidido activar las medidas que tenía sobre la mesa desde inicios de semana, cuando comprobó que Torra no atendía al segundo ultimátum de 24 horas que le dio para que quitara las "estelades", los lazos amarillos (luego blancos), las pancartas, los símbolos o las imágenes "partidistas".
El acuerdo de la Junta no abarca sólo la retirada de los símbolos o las pancartas, los lazos o las "estelades", sino también la vigilancia de los Mossos para que estos no vuelvan a lucir durante el periodo electoral.
Ésta es la primera vez que se da desde la autoridad electoral una instrucción de esta índole a un cuerpo de seguridad.
Aparte de quitar las esteladas, los lazos, las pancartas o incluso "imágenes o expresiones" similares a otras usadas por formaciones que concurren a las elecciones, la Junta pide al consejero de Interior que entre sus instrucciones figure la vigilancia de que tales símbolos no volverán a colocarse en fachadas de edificios públicos durante el periodo electoral.
En su acuerdo, el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley Electoral advierte de que si la retirada no se completa "estrictamente" antes del plazo dado, la Consellería de Interior podría incurrir en responsabilidades administrativas y penales.
Laura Borràs no ordenará quitar los lazos de Cultura
La aún consellera de Cultura, Laura Borràs, ha asegurado este viernes que no ordenará quitar lazos tras el requerimiento de la "Junta Inquisitorial Central", pero ha apuntado que probablemente no será necesario que los Mossos actúen porque quizás los retirarán los propios funcionarios.
En una entrevista en la Cadena Ser Cataluña, Borràs ha asegurado que ve a Torra "determinado" y ha recordado que asumió el cargo de presidente de la Generalitat con "plena asunción de las consecuencias" en una situación que cree que es de "represión".
Después de que los lazos hayan desaparecido ya de la sede de Departamento de Economía, Borràs no ha querido aventurar qué pasará en otros edificios de la Generalitat, pero ha asegurado que en los que son de su competencia no va a dar la orden de retirar lazos.
"No he dado la orden ni la voy a dar", ha remarcado la consellera, quien no obstante ha hecho hincapié en que son los funcionarios los que colocaron esos símbolos y los que también podrían quitarlos para evitar la intervención de los Mossos.
Borràs, en todo caso, ha manifestado su desacuerdo con la JEC, a la que ha tildado de "Junta Inquisitorial Central".
La consellera, que dejará este cargo el domingo para ser candidata de JxCat a las generales, no ha querido desvelar el nombre de su sustituta en el Govern, a la espera de que lo comunique el presidente catalán, sin confirmar así si la escogida es, como apuntan algunos medios, Mariàngela Vilallonga, catedrática de filología latina en la Universidad de Girona y vicepresidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC).
Traslado del caso a la Fiscalía
La JEC dio el primer paso en la vía penal al enviar este jueves las diligencias a la Fiscalía al apreciar indicios de que Torra ha incurrido en un delito de desobediencia que podría conllevar inhabilitación para ocupar un cargo público (ya le pasó a una alcaldesa de la CUP), e incluso prisión.
Una vez que reciba el escrito, la Fiscalía debe determinar el órgano al que compete investigar y, al ser Torra aforado y tratarse de hechos ocurridos en el territorio de Cataluña, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad decidir sobre el asunto, con lo que la iniciativa se trasladará a la Fiscalía Superior de Cataluña.
El precedente más claro es el del expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenados por el TSJ a penas de inhabilitación por desobediencia por la organización del 9N, en una sentencia posteriormente rebajada por el Supremo. En el caso de Mas, la primera condena fue de dos años y la segunda la redujo a uno.
Están pendientes de juicio en el TSJ catalán los miembros de la Mesa durante el "procés". Su caso se empezó a investigar en el Supremo dentro de la causa que se sigue por rebelión, pero finalmente se remitió al Tribunal Superior de la comunidad al estar procesados únicamente por desobediencia.
El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
