El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha alegado ante la Audiencia Nacional que no compartió el "plan ideado" por el Govern y el Parlament para la independencia, y que permaneció "de forma inequívoca" al servicio de la justicia, desmarcando al cuerpo policial de los "designios secesionistas".

Así lo sostiene Olga Tubau, abogada de Trapero, en el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, presentado ante la Audiencia Nacional, donde el mayor de los Mossos d'Esquadra está a la espera de ser juzgado por un delito de rebelión.

El exjefe de los Mossos, que fue cesado a raíz de la activación del 155 de la Constitución, niega que el operativo de la policía catalana ante el 1-O buscara "enmascarar una pretendida y dolosa inacción policial" para que se celebrara el referéndum y responsabiliza del dispositivo al coronel Diego Pérez de los Cobos, exalto cargo del Ministerio de Interior designado para coordinarlo.

Según el escrito, Trapero, para quien la Fiscalía pide once años de cárcel, "ha desarrollado siempre su actuación profesional al mando del cuerpo de los Mossos d'Esquadra desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y del Ministerio Fiscal".

En ese sentido, resalta que el mayor no ha "participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado por el Govern de la Generalitat y el Parlament para alcanzar la independencia de Cataluña y su proclamación como Estado soberano e independiente en forma de República".

Para probarlo, la defensa de Trapero esgrime dos escritos que el mayor envió al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el entonces fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el día en que se aprobó en el Parlament "la constitución de la República catalana como estado independiente y soberano".

En esos escritos, el mayor ponía a los Mossos al servicio del TSJC y de la Fiscalía, "con el fin de dar cumplimiento a las órdenes que se pudieran derivar" en relación con la DUI, "desconociendo la consecuencias jurídicas" de esa resolución "y sobre quién podían recaer las mismas".

Sostiene Tubau que ya desde el día 25 de octubre Trapero había ordenado montar un dispositivo policial para atender las eventuales órdenes que se pudieran recibir, así como las medidas para mantener la seguridad ciudadana y el orden público, un plan que incluía la detención de los miembros del Govern.

El escrito niega cualquier "inacción policial" de los Mossos ante el 1-O y argumenta que el plan de actuación para impedir el referéndum, "indiscutiblemente" elaborado por la Prefectura del cuerpo pese a no estar firmado, no fue cuestionado ni por Pérez de los Cobos ni por la Fiscalía Superior de Cataluña.

Según el mayor, en ninguna de las reuniones que se celebraron, ni Pérez de los Cobos ni los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional manifestaron que la participación de Mossos en el operativo conjunto diseñado "resultara inoperante ni insuficiente en aras a dar cumplimiento al mandato" de impedir el 1-O.

Asimismo, añade el escrito, las alusiones a la "proporcionalidad" en las pautas de actuación dirigidas a los Mossos respecto al 1-O venían a establecer "con absoluta transparencia", los límites de la actuación de la policía catalana, "sin que por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña se efectuara ninguna observación ni reproche al respecto".

En base a ese mismo principio, alega Trapero, actuaron los Mossos ante las concentraciones frente a los registros de la Guardia Civil del 20S, una operación que niega que fuera "ni dirigida, ni coordinada" por la cúpula política de Interior y en la que descarta que hubiera "ningún levantamiento o sublevación tumultuario".

Josep Lluís Trapero invoca en su escrito el modelo de gestión implantado en la policía catalana desde 2013, a raíz de una resolución del Parlament, que a su parecer "ha consistido en hacer pivotar en la mediación la gestión de masas y de posibles desórdenes públicos", como requisito previo a cualquier uso de la fuerza.

Trapero admite que "estaba en desacuerdo" con la decisión de la Fiscalía de designar a Pérez de los Cobos coordinador del operativo policial frente al 1-O, pero que siempre manifestó que los Mossos "cumplirían escrupulosamente" las órdenes de jueces y tribunales, "contradiciendo expresamente así lo manifestado por los dirigentes políticos del Departamento de Interior en su comunicado público".

También en la línea de su testifical, Trapero admite que en las reuniones previas al 1-O entre los comisarios con el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn, la cúpula de Mossos instó al Govern a cumplir con la legalidad y se desmarcó de su proyecto independentista.