24 de mayo de 2019
24.05.2019

La cárcel no es castigo bastante

Si Junqueras y compañía no pueden ejercer, por qué se les permite presentarse a las elecciones

24.05.2019 | 14:13
Matías Vallés.

La afición se había acostumbrado al tránsito de numerosos diputados desde el escaño a la cárcel, por culpa de malentendidos sobre la naturaleza de su trabajo. Sin embargo, quedaba inédita la masificación de la situación inversa, con un pelotón de presos preventivos que se personan en el Congreso y el Senado a recoger sus actas. Todos ellos han obtenido la representación parlamentaria por el escrupuloso procedimiento del voto, defendiendo los mismos principios que los han llevado a la prisión.

Los diputados libres han exteriorizado su asco ante un posible contagio de Junqueras y compañía. Este comportamiento es cuando menos singular en representantes del PP, un partido que mantiene a decenas de dirigentes en prisión después del juicio oportuno. Todos ellos gozaron del apoyo entusiasta de sus compañeros, incluso mientras se sustanciaban sus delitos.

Los diputados que expresan un agravio infinito ante la convivencia imperativa con Junqueras y compañía, reclaman su expulsión inmediata de la cámara. Omiten en sus arengas que los parias habían dormido en Soto del Real, antes de ser trasladados bajo custodia policial al Congreso. Y que una vez concluido el breve interludio, regresaban de nuevo a su celda, en su segundo año de internamiento sin condena. Está claro que la cámara considera que la cárcel no es castigo bastante. Se puede impulsar una iniciativa parlamentaria para aderezarla con sesiones de tortura, o exigir el encierro preventivo de los familiares y vecinos de los presos, un entorno sin duda contaminado por los independentistas.

Los poco avezados en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se detienen en consideraciones más plebeyas. Si Junqueras y compañía no pueden ejercer de diputados y senadores, por qué se les permite presentarse a las elecciones de diputados y senadores. Se anulan centenares de miles de votos, después de haber sido emitidos sin tacha. Anunciarle a un consumidor que puede optar libremente por un producto, y después vetarle su uso, se aproxima bastante al fraude. Antes de que se pusiera en marcha el VAR, que manejan indistintamente el Congreso y el Supremo, se permitió que los independentistas recogieran sus actas. Pueden acreditarse como diputados, siempre que no pretendan ejercer como tales.

La urgencia por suspender a Junqueras y compañía ni siquiera obedece a un criterio coherente. El Supremo autorizó la presentación a las elecciones europeas de los independentistas instalados en Bruselas, a quienes se califica con énfasis de prófugos en cada sesión del juicio del procés. Mañana se puede votar en toda España a Junqueras y Puigdemont, sin reticencia alguna de la autoridad competente. El detalle puede ser relevante, no haberlo despejado antes de la apertura de las urnas acentúa la burla a los consumidores de democracia.

Junqueras y compañía no ocupan lugares de relleno, sino que encabezan las dos candidaturas independentistas que han batido todas las marcas de votos. La excitación por arrojarlos al infierno ha desplazado el debate sobre la evolución meteórica de Esquerra Republicana. Consiguió tres diputados en el comienzo de la era Rajoy, pasó a once en las dos elecciones consecutivas de 2015 y 2016, y hoy cuenta con quince. Como mínimo, habrá que admitir alguna disfunción entre el ensamblaje de la persecución penal y el obligado diálogo político.
La extirpación de Junqueras y compañía solo es un triunfo parcial de los depuradores, que en realidad desearían extender la eliminación a los quince diputados de Esquerra. A continuación, Pablo Casado sale en defensa de los condenados del PP por corrupción, insinuando un abuso judicial que conllevaría la imposición de penas excesivas a los dirigentes conservadores. O resaltando que la sentencia de Gürtel no es firme, para hablar a continuación de rebelión sin ninguna cautela sobre la ausencia de pronunciamiento de un tribunal. Lo cual obliga a reiterar que Junqueras y compañía residían, residen y residirán en prisión preventiva. Y que hay un partido parlamentario, socio de los populares, que ejerce la acusación popular con una petición de pena de 74 años. Insuficientes, por lo visto.

Los juristas que suspenden a Junqueras y compañía insisten en que la soberanía reside en el pueblo en su conjunto, atomizada a través del voto. Una parte significativa de los soberanos tienen derecho a sentirse frustrados. Al margen de la alteración artificial de las mayorías parlamentarias, que favorece curiosamente a los partidos más reticentes a ahondar el castigo, se culpabiliza implícitamente a ciudadanos que sabían perfectamente a quien apoyaban y por qué. De paso, la decisión consolidará el voto a favor de Esquerra y Junts en las europeas, disparando de nuevo al independentismo en contra de lo que se quería demostrar.

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