20 de septiembre de 2019
20.09.2019
Orden judicial

Torra mantiene la pancarta de los presos y recurrirá la orden de retirarla

El TSJC exige quitar el lema y el lazo amarillo como medida cautelar después de recibir una demanda

20.09.2019 | 14:17
La pancarta que cuelga en el Palau de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este viernes que no retirará la pancarta con el lazo amarillo de la Generalitat, tal y como le ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En un comunicado emitido desde la Oficina del Presidente, ha explicado que, a través de sus representantes legales, Torra presentará un recurso contra la resolución del TSJC que le ordena retirar en un plazo de 48 horas la pancarta que pide la libertad de los "presos políticos y exiliados".

Torra asegura que sus abogados presentarán el recurso "tan pronto como el TSJC le haya notificado oficialmente la instrucción emitida siguiendo la petición de la asociación Impulso Ciudadano", que pide la retirada de los símbolos, pero ya adelanta que no los retirará.

El jefe del Ejecutivo catalán considera que se trata de una nueva "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión", como asegura que sucedió cuando la Junta Electoral Central (JEC) le ordenó retirar la pancarta durante el periodo electoral de las municipales.

Una orden que no llegó a cumplir y por la que tiene un juicio previsto para el 18 de noviembre acusado de un delito de presunta desobediencia por mantenerla.

El presidente ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos y las libertades de todo el mundo en todo momento: "Por eso, no retirará la pancarta por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados", continúa el comunicado de la Oficina.

Considera que es un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

"Es una reivindicación que también han hecho las principales entidades de derechos internacionales, así como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que insta al Gobierno español a hacer cumplir su opinión vinculante y hacer pública su difusión", concluye.

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