24 de septiembre de 2019
24.09.2019
Exhumación

El Supremo podría zanjar hoy si Franco sale del Valle de los Caídos y fijar el lugar de su reinhumación

Más de 100 colectivos de Memoria Histórica convocan una concentración delante del TS

24.09.2019 | 07:40

Seis magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reúnen este martes para deliberar y votar si la decisión del Gobierno de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio se ajusta o no a derecho.

El tribunal está citado a las 10.00 horas para votación y fallo, si bien fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que aunque la previsión inicial es lograr un resultado, tampoco puede descartarse que las deliberaciones prosigan incluso el miércoles.

Durante la deliberación de los magistrados más de 100 organizaciones de la Memoria Histórica han convocado a las mismas puertas del alto tribunal, bajo el lema #NiValleNiAlmudena, mientras que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha emitido un comunicado en el que advierte que procederá contra el Estado si los restos del dictador continúan en suelo público, ya sea éste el Valle de los Caídos o en Mingorrubio.

Además de la exhumación en sí, que podría obtener el aval más o menos unánime de la Sala, según las mismas fuentes, el tema del lugar de reposo de los restos es el aspecto de la demanda que concentra mayor complejidad jurídica, y de hecho su resolución viene dividiendo al tribunal durante las deliberaciones que se han realizado los últimos días.

El escollo tiene que ver la posible vulneración del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos de Franco, para los que esta parte ofreció la cripta de la Catedral de la Almudena.

Desde el Gobierno se rechazó dicha posibilidad, si bien fuentes jurídicas apuntan la dificultad que entraña justificar que una familia no tenga el control último sobre el lugar en el que deben reposar definitivamente los restos de un familiar.

La difícil unanimidad

La negativa de la familia a la exhumación y posterior entierro de los restos en Mingorrubio aparece detalladamente argumentado en la demanda y previsiblemente, salvo que se superen finalmente todas las diferencias de criterio, es muy probable que la resolución que finalmente se adopte no sea unánime.

El tribunal está presidido por Jorge Rodríguez Zapata y lo integran también los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. El ponente de la resolución será éste último.

El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan".

En este asunto están personados, además de la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, si bien estos recursos se resolverán más adelante, y no serán objeto de la deliberación de este martes.

Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.

En sus alegaciones sobre el fondo, la familia Franco calificaba de "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y denunciaba que encajaba en una voluntad "electoralista" sin justificación.

Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia del dictador, por lo que deben cumplirse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.

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