El Supremo ha hablado. El "procés" está muerto. El independentismo, no, desde luego, pero la próxima vez tendrá que empezar por leerse el Código Penal en lugar de las resoluciones de la ONU; y si aspira a mantener vivas sus opciones, hacer como Torrent y Aragonés (ambos, no en vano, de ERC, no del círculo de amigos de Waterloo), que el lunes se cuidaron muy mucho de cruzar la línea que separa la arenga de la soflama. Incluso Torra evitó llamar a desacatar el equidistante fallo de Marchena y sus seis jueces adláteres: no contenta a nadie, pero contenta a todos un poco.
Igual que después de unas elecciones, ningún partido admite la derrota. Ganan los que pedían una condena por rebelión (PP y Cs, del brazo de la Fiscalía), porque las penas por sedición son altas; y gana el PSOE, que precipitó el cambio de calificación penal de la Abogacía del Estado, porque, de haber insistido, como quería Edmundo Bal, en la rebelión, los líderes del "procés" habrían salido del Supremo condenados por malversación y desobediencia. No obstante, Casado y Rivera (que fichó a Bal para redondear su perfil sin complejos) quedan desautorizados. Y ya van dos: el Constitucional también les ha dicho que el 155 permanente, si existe, es autocrático.
Unidas Podemos y Vox no ganan nada porque juegan en otra liga: los morados hablan del "problema político" cuando toca hacerlo de la sentencia (separación de poderes se llama, oye), y los verdes-sin-esperanza, en modo trumpiano, echan pestes del Supremo porque osa poner de vuelta y media el trabajo ¿procesal? de su número dos, el pomposo Ortega Smith, durante el juicio.
El independentismo, de su lado, también debería sacar conclusiones. Una, ya se ha dicho, es que la unilateralidad solo puede acabar en el pasillo que lleva a la celda. Así que a leer el Código Penal, no a intentar burlarlo con subterfugios. Y a ensanchar su base social, no a actuar como si ya la tuvieran conquistada.
Ahora bien, ¿piensan hacerlo solo agitando las banderas del descontento y sacando partido de las condenas dictadas por el Supremo, es decir, con muchas jornadas más como la del lunes en El Prat? Poco futuro tiene eso, máxime con la imagen de caos que dieron al mundo y la dificultad que entraña encajar el bloqueo de la actividad aeroportuaria en el derecho de manifestación. (¿No contiene también esa conducta una semilla sediciosa? Pregunto.)
Si quieren ganar adeptos, lo mejor que pueden hacer es probar que van en serio y que irán del todo en serio cuando tengan la base social suficiente para forzar al Estado a negociar. Para lo cual necesitan cifras inapelables. Iceta les dio una el pasado marzo: el 65% de los ciudadanos a favor de la independencia. Después, claro, el PSOE le hizo callar.
Además, con la semilibertad de la que podrán disfrutar varios de los condenados a lo largo de 2020 (al negarse el tribunal a asumir la petición de la Fiscalía de que cumplieran la mitad de la pena antes de poder disfrutar de beneficios penitenciarios), el tribunal de Marchena da muestras de una generosidad que puede redundar, dentro de unos meses, en el alivio de las actuales tensiones. Es innegable, pues, que los jueces han terminado por hacer la política que no han hecho los políticos, a los que ahora corresponde coger las riendas que habían dejado en manos de la judicatura.
Por otra parte, las zonas oscuras detectadas en la sentencia por algunos expertos (ver artículos de Francisco J. Bastida y Javier Junceda en la edición de ayer de LA NUEVA ESPAÑA) no son más que el reflejo de los debates habidos entre los siete magistrados, varios de ellos partidarios de condenar por rebelión. Y revelan que, si por un lado, a fin de conseguir la unanimidad, se hizo imprescindible elevar las penas por sedición que pedía la Abogacía del Estado para todos los acusados (salvo en los casos de Rull y Forn), por el otro, el ponente del fallo creyó preciso deshacerse en argumentos para descartar la rebelión que además de ser innecesarios resultan chocantes (así, que la meta de los procesados no era lograr la independencia, sino forzar al Gobierno de Rajoy a negociarla), dan validez a los motivos esgrimidos por el tribunal del Estado federal alemán de Schleswig-Holstein para denegar la entrega a España de Carles Puigdemont por ese delito.
La corte germana adujo en 2018 que "la magnitud de la violencia necesaria para la alta traición (el equivalente alemán del tipo penal de la rebelión en España) no fue alcanzada durante los altercados". La sentencia del "procés" concluye que los episodios violentos registrados en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 no tuvieron la entidad suficiente "para imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución española en territorio catalán". Lo que significa desautorizar la instrucción del juez Llarena pero facilita, al condenar por sedición, la entrega de Puigdemont y los demás fugados.
