Como los casos ERE y Gürtel han sido las armas arrojadizas que PP y PSOE han utilizado para acusarse mutuamente de ser el partido más corrupto, es inevitable compararlos. Y puede decirse, para empezar, que los ERE andaluces constituyen un fraude mucho más cuantioso (en 680 millones lo calcula la Fiscalía) que el perpetrado por la red de empresas de Francisco Correa (en torno a 20 millones).
A cambio, la sentencia de la Gürtel establece que el PP se financió ilegalmente con dinero de la trama corrupta por medio de adjudicaciones irregulares de contratos públicos, mientras que en el fallo de la Audiencia de Sevilla conocido ayer no consta que el PSOE andaluz hiciera otro tanto, por más que la primera instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, lo afirmara en varios de sus autos, siempre sin aportar pruebas.
Otra diferencia es que la sentencia de la primera época de la Gürtel condena al PP como partícipe a título lucrativo. En el "caso ERE", los expresidentes y exconsejeros andaluces no han sido acusados ni condenados por lucrarse con la gestión de las ayudas sociolaborales.
Dicho lo cual, conviene explicar someramente en qué consistió el fraude de los ERE. La Junta de Andalucía modificó en el año 2000 el sistema de concesión de ayudas directas a empresas en situación financiera crítica. El cambio normativo -con el que se buscaba superar el escrutinio que hasta entonces ejercía la Intervención General de la Junta- permitió que el pago de las subvenciones se realizara sin ejercer "control alguno" acerca "de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias".
Surge así la figura del "intruso", empleados fantasma que conseguían prejubilarse con cargo al ERE de una empresa en la que no habían trabajado. La sentencia critica sin tapujos este procedimiento más "ágil": la rapidez iba en detrimento de los mecanismos legales de control.
Al control ejercido por la Intervención hasta 2000 lo sustituye la ausencia total de fiscalización de las subvenciones que, desde esa fecha, reina en la Consejería de Empleo gracias a la implantación de las transferencias de financiación. Es ese departamento el que concedía las ayudas aprobadas por la agencia Idea. Y lo hacía sin dejar "reflejo contable alguno", denuncia la Audiencia de Sevilla.
