Hay casos y casos de corrupción. La sentencia de los ERE de Andalucía se antoja a simple vista como más benévola que la que se impuso a los encausados en el "caso Marea", un asunto de mucha menos entidad, aunque solo sea por la cantidad de dinero que se ha desfalcado a las arcas públicas, 741 millones en el caso de la Junta andaluza, y poco más de cinco millones por lo que respecta a los implicados en el escándalo que salpicó a la Administración regional asturiana. La pena más alta en el "caso ERE", el mayor escándalo de corrupción de la democracia, es de siete años y 11 meses de cárcel, impuestos al exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en ambos casos por malversación. La mayor pena del "caso Marea" ha terminado siendo de nueve años de cárcel, impuesta a la ya exfuncionaria Marta Renedo, a la que reclaman 2,1 millones de euros, y eso después de que el Tribunal Supremo casase el primer fallo de la sección tercera de la Audiencia Provincial. Éste contemplaba penas más duras para la exdirectora general María Jesús Otero (le bajaron de nueve años y medio a cinco años y cinco meses), el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre (pasó de seis años a cinco años y dos meses) o los empresarios Víctor Manuel Muñiz (de Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (de APSA), condenados inicialmente a seis años y medio, y que pasaron en el primero caso a cinco años y dos meses de cárcel y en el segundo a dos años y ocho meses.
En ambos casos, se trata de delitos bastante similares: prevaricación, malversación o falsificación de documento oficial. En el "caso Marea" se añade el delito de cohecho continuado, esto es, soborno de servidores públicos, algo que no aparece en el caso de los ERE: como se sabe, salvo aquellos que se gastaron dinero público en cocaína y prostitutas, los corruptos andaluces no actuaron para beneficio personal, sino para asegurar a su partido una buena parroquia de votantes. En el "caso Marea", los principales implicados recibieron mordidas (o las pagaron, a cambio de hacer negocio), hasta José Luis Iglesias Riopedre, en la forma de contratos para la empresa de su hijo Ernesto, si bien por cantidades mucho menores que Renedo y Otero. De hecho, la multa que se le impuso es baja, de 400.000 euros.
En cuanto a las penas de inhabilitación, que castigan el delito de prevaricación, también en el "caso Marea" parecen más altas visto el conjunto del asunto. La más alta en el caso ERE es de 19 años y medio, que se lleva de nuevo el exdirector general de empleo. Otros implicados son inhabilitados por 18 o 15 años, como el expresidente Griñán, condenado además a seis años de cárcel. El expresidente Cháves o la exministra Magdalena Álvarez son inhabilitados nueve años. Estas últimas son inferiores a las penas de inhabilitación que recibieron Riopedre y Renedo, de diez años. Otero ha sido inhabilitada por ochos años. Las penas de los ERE de Andalucía serán revisadas ahora por el Tribunal Supremo, que podría dejarlas en menos años aún.
