El reparto de los puestos en la Mesa del Congreso ha dejado esta semana, en el arranque de la XIV Legislatura, la impresión de que el entendimiento entre los partidos de la izquierda (PSOE y Unidas Podemos, que, además, están tratando de atraer e ERC a la tarea de la gobernabilidad, o al menos de su desbloqueo) empieza a faltar en el antaño más unido (o eso parecía) bloque de la derecha, el de la foto de la plaza de Colón, que se agrieta.

Con Cs hecho unos zorros tras el naufragio electoral del 10N y la dimisión de Albert Rivera y sus más estrechos colaboradores, el PP y Vox han comenzado a lanzarse los trastos a la cabeza, acusándose mutuamente de dar alas a los independentistas y a los "comunistas" y evidenciando profundas grietas en una relación de la que depende el sostén de los gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía.

Eso sí, preservando en lo esencial la unidad de acción, porque los dos partidos se conjuraron para frustrar el jueves la aprobación de una condena institucional de la Asamblea de Madrid por el ataque con una granada a un centro de "menas", acción instigada, a juicio de la izquierda, por los "discursos de odio" de Vox.

Votaron juntos, sí, pero antes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se las tuvieron tiesas. La primera rozó el uso del término "racista" para referirse al partido de extrema derecha del que depende su Gobierno compartido con Cs. "¿Qué pasa, que si la conducta incívica es de un españolazo está bien vista?", le preguntó a Monasterio, que antes le había afeado las "políticas irresponsables que provocan problemas de seguridad en nuestros barrios". Ayuso no lo dudó: "Hacerme esta pregunta y poner en tela de juicio si pesa más o menos un acto incívico, según el origen de la persona que lo comete, tiene otro nombre".

De igual forma, el miércoles, un día después de la sesión constitutiva de las nuevas Cortes, PP y Vox votaron juntos en contra de la lista de los 350 diputados elegidos el 10N al juzgar impugnables ante el Tribunal Constitucional (TC) las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por representantes de Unidas Podemos y de fuerzas nacionalistas e independentistas. Aunque los de Santiago Abascal tampoco respetaron el mero "juro" o "prometo" al añadir su habitual "por España".

Eso, al día siguiente de cruzarse durísimos reproches a cuenta del sentido de los votos en la elección de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa del Congreso. El presidente del PP, Pablo Casado, echó en cara a Vox su reparto de "carnets de patriotismo y españolidad", para después "preferir que Podemos tenga un puesto más" en el órgano de gobierno de la Cámara baja. Algo de lo que, según Abascal, el PP es el "único responsable" por haberle dado sus votos "inútilmente" a Cs.

¿Qué hay detrás de todo ello? En el caso de Abascal, está bien claro: el escozor por no haber podido ocupar una silla más para dejar 5 a 4 (y no 6 a 3) la correlación de fuerzas en la Mesa del Congreso. En el de Casado es algo más profundo: una creciente e indisimulada incomodidad con la proximidad a Vox que visibiliza el paso a la irrelevancia de Ciudadanos.

Sin un Rivera peleando por ser más Abascal que el propio Abascal, la moderación recuperada por Casado a instancias de Feijóo y otros barones es mucho más difícil de exhibir como elemento diferenciador; máxime cuando los naranjas, que Inés Arrimadas espera llevar de nuevo al centro, han empezado a marcar también sus distancias con la extrema derecha.

Tanto Ciudadanos como el PP tienen una compleja tarea de desmarque por delante, pues comparten tres gobiernos autonómicos que dependen del respaldo parlamentario de Vox; pero Cs ya no tiene la presión de luchar por llegar a la Moncloa, sino solo de reconstruirse, y ahí puede volver a elegir aliados.