El Gobierno ha dado el visto bueno a la apertura de delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez ya que no tiene "ninguna objeción" al nuevo texto de los decretos de creación presentados por la Generalitat.

Ha recordado, no obstante, que puede volver a pedir judicialmente el cierre de las delegaciones -las llamadas 'embajadas' catalanas- si considera que su actividad "vulnera la legalidad o son contrarias a los intereses de España", han informado fuentes de Asuntos Exteriores.

Los decretos que han sido aprobados con Margarita Robles como responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones -antes del nombramiento de Arancha González Laya como titular del mismo- habían sido impugnados el pasado julio por el equipo liderado por el entonces ministro Josep Borrell.

La apertura de estas tres delegaciones de la Generalitat en el exterior había sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado noviembre a petición del Gobierno, que impugnó los decretos por considerar que su objetivo auténtico era promover fuera de España las tesis del independentismo catalán.

Pese a considerarlo como el "peor ataque que se ha producido contra el autogobierno de Cataluña desde la aplicación del 155", la Generalitat optó por redactar de nuevo los decretos, incorporando las sugerencias realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que dichas oficinas suponían unas "interferencias en la política exterior del Estado" español.

Ahora, el Govern ha aprobado nuevos decretos leyes reguladores de las delegaciones exteriores en Argentina, México y Túnez en los que se han "actualizado las funciones de cada delegación" y se "consolida" de esta forma su "red de representación en el exterior", explicó.

La decisión de la Generalitat de derogar los decretos de creación de estas tres delegaciones para redactarlos de nuevo, incorporando las modificaciones y aclaraciones solicitadas por Exteriores, ha dejado sin objeto el recurso que planteó el Gobierno, han precisado las fuentes. En esta ocasión, el Govern ha presentado los proyectos de creación ante el ministerio, un trámite perceptivo pero no vinculante, y que la Generalitat había incumplido anteriormente.

Tras estudiar los textos propuestos, Asuntos Exteriores propuso una serie de correcciones que la Generalitat aceptó e incorporó a los nuevos decretos aprobados, "de modo que el Gobierno no tiene objeciones respecto a la literalidad de los mismos".

Requerimientos del Gobierno

Por otro lado, el Ejecutivo ha explicado este viernes que ha permitido la apertura de las oficinas catalanas en Argentina, México y Túnez porque la Generalitat "atendió a los requerimientos del Gobierno" de limitar la acción de sus oficinas a actividades comerciales y culturales.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios la ministra de Defensa, Margarita Robles, anterior responsable de Exteriores y quien autorizó la apertura de las oficinas que habían sido impugnadas por el anterior ministro, Josep Borrell.

Robles ha señalado que ella habló personalmente con la consejería de Exteriores de la Generalitat para explicar que una comunidad autónoma "no podía tener delegaciones que hicieran política exterior sino que se tenia que limita a actividades de carácter comercial o cultural".

La consejería aceptó estas posiciones y redactó de nuevo los decretos de apertura de las oficinas de manera que ya no invaden competencias de política exterior, que es exclusiva del Estado.

En la misma línea, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que el tema se ha resuelto porque la Generalitat "ha incorporado las condiciones que Exteriores consideró imprescindibles para que hubiera una línea nítida" entre las delegaciones en el exterior de las comunidades autónomas y las embajadas de España.

Exteriores impugnó el pasado mes de julio los decretos de apertura de estas oficinas por considerar que su objetivo auténtico era promover fuera de España las tesis del independentismo catalán y que infringían competencias exclusiva del Estado.

Según ha explicado Montero, la Generalitat retiró aquellos decretos para modificarlos "atendiendo a las consideraciones" del Gobierno antes de volver a presentarlos "incorporando las cuestiones que consideró imprescindibles" para distinguir entre lo que son delegaciones y lo que son embajadas".

"La Generalitat ha atendido a nuestras consideraciones por las que quedaban perfectamente delimitadas las competencias", ha subrayado Montero.