El Ministerio de Sanidad ha justificado que la partida de test rápidos para detectar el coronavirus que no cumplen los estándares de calidad los compró a un proveedor nacional "de confianza", y ofrecían "todas las garantías" al tener la marca CE, por lo que ha rechazado que haya habido "negligencia".

Lo ha asegurado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que ha insistido que existe un problema de desabastecimiento mundial, por lo que "hay que ir con cuidado donde se compra", en un mercado que está "desbordado" y "completamente loco".

"Intento ser un ministro de Sanidad decente", les ha dicho Illa a los diputados y ha sido tajante al responder a la petición del representante de Vox, Luis Steegmann, de que cesase al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: "No voy a cesar a nadie de mi equipo y no digo mas".

El problema de los test rápidos defectuosos y la necesidad de que se adquieran más para realizar pruebas de forma masiva ha sido uno de los temas en los que han incidido todos los grupos.

Illa ha asegurado que antes de comprar ese lote, en el que posteriormente se detectó una escasa sensibilidad, se verificó al fabricante", que "era un proveedor de confianza".

Se trata de un partida de 659.000, de los que 50.000 no se han distribuido, y que se van a cambiar. Se han repartido 8.000, todos a la Comunidad de Madrid, "que se enviaron con unos criterios y advirtiendo de que había que validarlos", por lo que se detectó que no tienen el nivel de fiabilidad que el proveedor había confirmado.

Esa operación, según ha informado el Ministerio en un comunicado, no está relacionada con la compra de material sanitario a China anunciada ayer por el ministro y que ha vuelto a recordar.

Esta compra, por valor de 509 millones de euros, incluye 585 millones de mascarillas, 11 millones de guantes, 5,5 millones de test rápidos y 1.114 equipos de respiración asistida, para reforzar la capacidad de las UCI en todo el país, ha dicho.

Además, se está haciendo un esfuerzo para aumentar la capacidad de producción nacional y ha pedido a las empresas que ayuden al Gobierno en este empeño, que es "de todos".

El ministro ha cifrado entre 20.000 y 30.000 los test rápidos que se hacen cada día y ha reconocido que "no son suficientes" porque habría que hacer 50.000.

Illa ha dicho echar en falta que los grupos no hayan abordado la situación del mercado de material sanitario y ha subrayado que no se producen suficientes mascarillas ni tampoco respiradores para abastecer a todo los países.

Ha destacado que el Ejecutivo desde el 10 de marzo ha sido capaz de suministrar casi siete millones de mascarillas, dos millones de ellas a la Comunidad de Madrid, la más afectada por el coronavirus.

"No entro en el reproche de quien compra mejor o peor, lo que hay que decir es que el mercado está desbordado", ha insistido el ministro, que ha anunciado que para este fin de semana está previsto una entrega "importante" de material, aunque no puede confirmar que llegue.

Aunque algunos de los portavoces han pedido medidas más "restrictivas", Illa ha asegurado que las adoptadas en España son las más duras de los países de nuestro entorno y los ciudadanos las están cumpliendo con una "ejemplaridad que emociona".

El ministro ha querido "poner en valor" que todos los consejeros y consejeras, independientemente del color político, han "trabajado a una" con el Ministerio y ha insistido en que las comunidades son "claves" para vencer el virus.

"Me duele un poco que me digan que el ministerio ha menospreciado a los profesionales porque no es cierto", ha dicho el ministro, quien, por el momento ha descartado desplazar pacientes entre comunidades.

El titular de Sanidad ha reconocido que se avecinan días "difíciles", en los que hay que seguir trabajando "todos unidos, más que nunca", para conseguir el objetivo, que es la derrota definitiva del virus.

"En los próximos días, seguiremos viendo un incremento de casos, hasta que alcancemos la punta de la curva. Todos esperamos que eso ocurra lo antes posible. Pero nadie, nadie, puede saber con exactitud cuándo ocurrirá", ha reconocido Illa.

No obstante, antes había aventurado que España podría estar aproximándose a su máximo, "a lo que coloquialmente llamamos el pico de la curva" de contagios, lo que supondría iniciar una fase de estabilización de la pandemia.

No obstante, ha advertido de que esta evolución ha sido distinta según la comunidad autónoma y ha reconocido que las UCI presentan una elevada ocupación en algunas comunidades como Madrid, que podrían llegar a su "máximo nivel" en los primeros días de abril.

Durante la comparecencia, la diputada del PP Concepción Gamarra ha acusado al Gobierno de ir "un paso por detrás del virus" lo que, su juicio, "ha supuesto un gran riesgo para la salud pública", mientras que el parlamentario del PSOE Vicente Daniel ha asegurado que España siempre ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las medidas han sido consensuadas con las comunidades.

Daniel ha protagonizado un encontronazo con el diputado del PP Jose Ignacio Echániz que le ha afeado que haya dejado "4.000 muertes encima de la mesa".

Desde ERC, Gabriel Rufián ha abogado por endurecer las medidas de confinamiento, dotar al personal sanitario de la protección adecuada y de controlar más los protocolos de actuación policial en las calles para no dejarse llevar "por los cantos de sirena del totalitarismo" y Ciudadanos ha urgido a localizar al mayor número posible de infectados.

Josune Gorospe, diputada del PNV, ha criticado el papel del Ministerio en la compra centralizada de test rápidos y equipos de protección y Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, ha incidido en que esto "no es una guerra sino una emergencia" en la que "nos necesitamos los unos a los otros".

Vox ha instando al Gobierno a "pedir perdón de rodillas" por su gestión de la crisis y ha preguntado si se van a hacer pruebas PCR a inmigrantes irregulares cuando se las niegan a españoles.