El Gobierno ha apelado a los partidos políticos y las comunidades autónomas a mantener el estado de alarma en una jornada en la que la cifra de fallecidos por el coronavirus ha descendido a 164 personas y en la que se ha abordado con los presidentes autonómicos el procedimiento para la desescalada.

Este domingo ha tenido lugar la octava conferencia de presidentes autonómicos, a los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado los detalles del fondo de 16.000 millones de euros para la reconstrucción por la crisis sanitaria y el procedimiento para la "cogobernanza" en la desescalada.

Tras la reunión, los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Sanidad, Salvador Illa, han comparecido en rueda de prensa, donde han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos para mantener el estado de alarma, porque en sus siete semanas en vigor se ha demostrado que ha funcionado para evitar los contagios y disminuir las muertes.

Por ello, Illa ha considerado que prorrogarlo, como es la propuesta que llevará Sánchez al Congreso esta próxima semana, es imprescindible para controlar el virus, que en las últimas 24 horas ha tenido su menor cifra de fallecidos desde el pasado 18 de marzo, con 164, con lo que suman un total de 25.264.

Además, los nuevos casos diarios confirmados por PCR han bajado a 838 y sitúan en 217.466 el total de contagiados.

Durante la videoconferencia de presidentes autonómicos el Gobierno ha explicado también que el fondo de 16.000 millones de euros destinado a las autonomías para la reconstrucción se repartirá a través de transferencias directas que no tendrán que devolver.

El reparto de este fondo se dividirá en tres fases: la primeras, de 6.000 millones, será "a corto plazo", y las otras dos serán en la segunda parte del año.

Unas propuestas que han sido desigualmente acogidas por los responsables autonómicos, algunos de los cuales han trasladado al Gobierno sus reticencias para prorrogar el estado de alarma.

Así, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya respondido a su petición por carta de mantener una reunión bilateral, algo que, según ha respondido el Gobierno, se podrá realizar cuando haya una situación de mayor normalidad.

Además Torra ha advertido de que "Cataluña votará no a la prórroga del estado de alarma" si la Administración catalana no recupera sus competencias.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado asimismo su oposición a prolongar el estado de alarma y ha pedido que se vuelva a la legislación ordinaria.

También ha pedido una reunión bilateral la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha advertido a Sánchez de que "si Madrid cae, el colapso para el resto del país va a ser seguro", según ha dicho en Onda Cero.

Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha indicado que la prórroga de un estado de alarma exige consenso político con los partidos de la oposición y con las comunidades autónomas, algo que, ha dicho, no ocurre ahora mismo. Además, ha defendido que "el mundo rural no debe seguir confinado"

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha advertido a Sánchez que si pide prolongar el estado de alarma para una hoja de ruta ideológica y posicionamiento político que no cuenten con ellos.

Mientras, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado en la Cope que su partido mantiene todas las opciones abiertas a la hora de votar la prórroga del estado de alarma.

Sobre el reparto de los 16.000 millones de euros, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su preocupación por la falta de información y ha confiado en que no se realice en función del "color político" de cada territorio, mientras que el asturiano, Adrián Barbón, ha pedido que no se distribuya atendiendo a criterios de población ni de incidencia de la pandemia de la COVID-19.

Por el contrario, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que ha celebrado este fondo para la recuperación, ha abogado por que su reparto sea acorde a la población, mientras que la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha reclamado que se haga en función de la incidencia de la pandemia de coronavirus en cada autonomía.

Y el de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido que se considere el impacto en la economía local del bloqueo marroquí y la presión migratoria que soporta Ceuta

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha avanzado que su partido apoyará la prórroga del estado de alarma porque "no hay otra alternativa", pero ha insistido al Gobierno central en que tenga más en cuenta a las comunidades autónomas para la toma de decisiones.

Sobre el impacto en el turismo, el Gobierno de Canarias considera que el Estado debe tener en cuenta el gran impacto de la pandemia en la región ultraperiférica y el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha urgido al Gobierno una respuesta a su plan de rescate del sector turístico.

En relación a los plazos para las fases de desescalada, la presidenta balear, Francina Armengol, ha indicado que el Gobierno central no ha respondido a su petición de adelantar a este lunes, como en Formentera, el inicio de la fase 1 de la desescalada en Ibiza y Menorca.

Y el presidente de Aragón, Javier Lamban, quiere que la mayor parte de la Comunidad pase desde el día 11 directamente a la fase 2 de desescalada al tener una incidencia "ínfima" de coronarivus. También el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha propuesto la posibilidad de que los pueblos sin casos positivos de COVID-19 puedan avanzar a una velocidad "más rápida" en esta nueva etapa.

Precisamente en la reunión se han trasladado algunas condiciones que deberán cumplir las comunidades autónomas para avanzar de fase en la desescalada, como es garantizar en un plazo máximo de cinco días disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido un acuerdo para la revisión "urgente" del sistema sanitario público español que lo "blinde financieramente".