La inviolabilidad parlamentaria, las funciones de la Mesa del Parlament de Catalunya, los derechos de los diputados y la aprobación deresoluciones vinculadas al 'procés' se han erigido en el campo de batalla en el juicio que se ha iniciado este lunes contra los exmiembros soberanistas del órgano parlamentario Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT, el único que todavía es diputado) y Lluis Guinó (PDeCAT), así como la ex diputada de la CUP, Mireia Boya.
La sala de vistas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estaba casi vacía por las restricciones sanitarias por el coronavirus. Los imputados, que fueron aclamados en la puerta del Palacio de Justicia de Barcelona por simpatizantes independentistas, y sus defensas invocaron la "involabilidad parlamentaria" y negaron que tuvieran la intención de desobecer al Tribunal Constitucional.
La fiscalía atribuye a los exmiembros de la Mesa y a la exdiputada de la CUP, para quien reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, haber permitido que la Cámara catalana debatiera resoluciones a favor del proceso independentista, pese a que el Tribunal Constitucional les había advertido de su obligación de impedir iniciativas que supusieran eludir su mandato. Dos de ellas, la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica , fueron aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el alto tribunal.
La abogada Judit Gené, defensora de Barrufet, Corominas i Guinó, abrió el fuego y esgrimió de entrada, en las cuestiones previas, la "inviolabilidad parlamentaria" de los encausados por "la función que ejercían". A su entender, "lo único" que hicieron estos políticos fue "garantizar la libertad de expresión" de los diputados, la "autonomía parlamentaria" y la "separación de poderes". Los imputados no se movieron ni un milímetro de ese guion.
El letrado de Anna Simó, Ramón Tomás, desarrolló en su intervención este concepto y argumentó que "la inviolabilidad parlamentaria está consagrada en las principales normas", como el Estatut, la Constitución y el Tratado de la Unión Europea, y es "una garantía de los actos parlamentarios", de la representación política y de la libertad ideológica. "La inviolabilidad existe o no y está previsto a nivel estatutario y constitucional. Es la principal garantía para el funcionamiento de una institución como el Parlament", precisó.
El proceso judicial, en su opinión, es "nulo" pues "se "ha superado el límite de la jurisdicción" y se "han vulnerado" derechos fundamentales. Carles López, abogado de Mireia Boya, se adhirió a este planteamiento. Las defensas también reclamaron la expulsión de la Abogacía del Estado en este procedimiento por falta de legitimidad, pero el tribunal lo rechazó.
El fiscal Pedro Ariche, sin embargo, sostuvo que los imputados no se les acusa por "el contenido" de las leyes que se aprobaron en su día en el Parlament y que ha motivado la causa, por lo que no se puede invocar la "inviolabilidad parlamentaria" que, recordó, "no es un derecho ilimitado" y "es susceptible de control judicial". "Creemos que la Mesa no tiene una función legislativa, sino gubernativa", y por lo tanto, "no es el mismo voto que la de un diputado". "No se persigue el voto, ni la opinión, sino la actuación de los acusados", insistió.
Cuestiones formales y poco más
El primer imputado en declarar, Lluis Corominas,explicó al tribunal que la Mesa del Parlament únicamente analiza los cuestiones formales de las iniciativas parlamentarias y no entra en el contenido, ni en el fondo de las propuestas, pues se "vulneraría" los derechos de los diputados. Negó que desobedeciera al Constitucional y que su intención siempre ha sido garantizar el derecho de los diputados al debate político y la "autonomía parlamentaria".
La declaración de Simó fue similar en relación a la función de la Mesa, aunque fue más allá y afirmó que la querella contra ella y sus compañeros parlamentarios no es "por sus actos", sino por su "adscripción política". Según la exdiputada, "la inviolabilidad parlamentaria no es personal", sino que "es para defender lo que representa la soberanía del Parlament" y los derechos de los diputados, "una premisa básica"
"No se puede pedir que la Mesa del Parlament actuara como una censora", precisó Barrufet, para después añadir que este órgano "está para velar que los compañeros diputados puedan ejercer su función". La exdiputada rememoró que la Cámara catalana es la "casa de la palabra". "El parlamentarismo es debate, estira y afloja, los acuerdos y los consensos", dijo. Guiró remarcó que cuando se aplicó el artículo 155, el Parlament lo "reconoció y aceptó".
La exdiputada Mireia Boya declaró en aranés, con la participación de intérprete, y es la única que contestó al fiscal. Quiso dejar constancia del carácter asambleario de la CUP, que sus decisiones son tomadas por la militancia y que la "involabilidad parlamentaria" le permite presentar las propuestas de su programa electoral, que recoge la independencia de Catalunya.
El testigo y exdiputado autonómico, ahora en Madrid, José María Espejo Saavedra (Ciutadans), explicó que advirtió a sus compañeros de la Mesa que algunas propuestas contravenían las resoluciones del Constitucional.
Es un juicio atípico en las formas. El TSJC acordó restringir el acceso a la sala de vista por el coronavirus. El objetivo es garantizar un "mayor distanciamiento posible" entre los asistentes, revocando, si es necesario, algunas de las autorizaciones que ya se han emitido para personas cuya presencia en la sala no se considere "imprescindible". Como suele pasar ahora en los juicios, para poder asistir se necesitaba cita previa.
Este juicio ha sido aplazado en tres ocasiones: por motivos de agenda de los abogados, para estudiar si se enviaba al Supremo la causa contra el exdiputado de CSQP Joan Josep Nuet -que finalmente será juzgado en Madrid ya que actualmente es diputado de ERC en el Congreso- y al decretarse el estado de alarma por el coronavirus.
Testigos ilustres
El juicio ha arrancado con la lectura de los escritos de acusación y de defensa. Después, las cuestiones previas y la declaración de los cinco acusados. Por la tarde, comparezcan los seis primeros testigos: el exvicepresidente segundo del Parlament José María Espejo-Saavedra (Cs), el exsecretario segundo David Pérez (PSC), el que fuera letrado mayor entre 2012 y 2018, Antoni Bayona, el secretario general, Xavier Muro, el exsecretario general Pere Sol y el expresidente del Parlament Ernest Benach (ERC).
El juicio seguirá el miércoles con la declaración de más testigos, entre los que finalmente no estará la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, ni el exdiputado de JxSí Lluis Llach, porque ha renunciado a ello la defensa de Boya. La previsión del TSJC es que el miércoles por la tarde las partes empiecen a presentar sus informes finales y conclusiones y que el juicio quede visto para sentencia el viernes.Petición de penas
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para cada uno de los cinco acusados un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 30.000 euros por un delito continuado de desobediencia grave.
Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave.
La acusación popular, ejercida por el partido Vox, por su parte, ha retirado la acusación de organización criminal, por el que reclamaba 12 años de prisión, y ha mantenido el delito de desobediencia, al igual que la fiscalía.
