El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del 'caso Tándem', cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo y en el que se investigan las cloacas policiales, llevaba tiempo dándole vueltas a reabrir la pieza Carol, archivada por el anterior instructor a instancias de la fiscalía. Se abrió por los audios grabados por el expolicía en el que se oye a la examiga del Rey emérito Corinna Larsen contarle cómo el monarca pretendía utilizarla de testaferro para ocultar las comisiones que, según ella, había cobrado por el AVE a La Meca. Tras recibir diversos informes policiales y una petición de auxilio judicial suizo el magistrado ha dado el paso de reabrir la pieza y citar como imputados a la propia Corinna y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.

Tanto Larsen, que ya ha declarado como testigo ante la fiscalía suiza y la española, cuyo representante se desplazó a Londres para interrogarla, como Villalonga deberán comparecer como imputados ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el próximo 8 de septiembre. También declararán en esa condición, pero un día antes Villarejo y su socio, Rafael Redondo. Según las actuaciones, el expresidente de Telefónica fue quien puso en contacto a Larsen con el expolicía y pidió a este que la ayudara.

Datos sobre una persona

El juez reabre la pieza, como gran parte de la veintena abiertas, para indagar en un encargo de Larsen a Villarejo para la obtención de unos datos sobre una persona de nacionalidad española que trabajaba como su asistente y sospechaba que facilitaba información de ella a los medios. El magistrado quiere recabar todas las circunstancias que pudieran rodear este hecho, "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones".

El auto señala que Larsen mostró a Villarejo sus "inquietudes" sobre su empleada por si le estuviera "filtrando información sobre su vida privada", y proporciona al excomisario todos los datos que le pide. Este se presenta como el experto que cuenta con los "mejores especialistas del mundo" para este tipo de investigaciones. Si el encargo se materializó y se abonó cantidad alguna por ello los hechos podrían ser constituivos de delitos de cohecho activo y pasivo.

El magistrado considera que hay indicios "de una posible actuación concertada, dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucra recibiendo importantes cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía". En ese punto descansa la gravedad del presunto encargo de "Larsen a Villarejo", quien, "a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procedía a la obtención ilícita de determinada información".

Informe fiscal

García-Castellón explica que esos delitos se habrían cometido en España, lo que hace innecesario que la fiscalía interponga una querella para poder investigarlos, como ocurría con el presunto pago de comisiones del AVE en Arabia Saudí, por el que Anticorrupción abrió diligencias para determinar si debía dar ese paso.

En ese sentido, pide informe al fiscal sobre la conexidad de la investigación española y la seguida en Suiza para actuar como mejor proceda. Según la resolución, Anticorrupción ya informó en sentido negativo, pero el magistrado sí ve la conexión, por lo que le reclama un nuevo informe.

Aforado

El juez no toma decisión alguna respecto al Rey emérito Juan Carlos porque al abdicar y dejar la jefatura del Estado perdió la inviolabilidad, pero mantuvo el fuero ante el Tribunal Supremo, de ahí que solo este tribunal pueda investigarle y en su caso juzgarle.

Ese es el motivo por el que la Fiscalía Anticorrupción trasladó las diligencias que abrió el presunto cobro de comisiones a sus compañeros del Tribunal Supremo. Allí un equipo de cinco fiscales de la más alta categoría estudian si hay indicios de delitos fiscales y de blanqueo en la conducta del Rey emérito con posterioridad a 2014. Los anteriores estarían protegidos por la inviolabilidad. En caso afirmativo, deberán determinar si esos delitos pueden aún ser perseguibles o habrían prescrito y actuar en consecuencia.