30 de julio de 2020
30.07.2020
La Nueva España
Crisis del coronavirus

Un juez investiga a los geriátricos y al Govern por la gestión en el confinamiento

Abre diligencias por presunta malversación y homicidio imprudente por parte de la Generalitat

30.07.2020 | 11:24
Un voluntario traslada a una persona mayor en Barcelona.

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre y la Guardia Civil investigan si hubo irregularidades en la gestión de la Generalitat en la crisis del coronavirus en las residencias de ancianos y en la realizada por los mismos geriátricos, tanto públicos como privados, según ha podido saber El Periódico de Catalunya.

Agentes del instituto armado acudieron este miércoles a las 'conselleries' de Salut y d'Afers Socials, por orden judicial, para requerir varios expedientes, entre ellos los vinculados a compra de material sanitario, e información sobre los geriátricos que fueron intervenidos, las personas trasladadas de un centro a otro, las medidas de aislamiento y el número enfermos y fallecidos por el coronavirus en estos recintos y los PCR realizados, entre otras cuestione. Fuentes de Salut reconocieron que había recibido los oficios y agregaron: "Entregaremos todo lo que nos pidan porque somos transparentes". Estas pesquisas, abiertas por presunta malversación de fondos y homicidio imprudente, no tienen nada que ver con las incoadas en varios juzgados catalanes y en la fiscalía sobre los fallecidos en estos centros sociales a causa de la pandemia.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que hace unos días, la Guardia Civil tomó declaración como testigo a Maria Cinta Pascual Montañés, presidenta las patronales Associación Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas Dependientes. Los agentes pretenden averiguar si estas dos entidades adquirieron material sanitario, quiénes han sido sus interlocutores en la Generalitat y las propuestas que le fueron admitidas o no por la Administración catalana. Los agentes, dirigidos por el teniente coronel Daniel Baena, han requerido información al ACRA sobre los protocolos de actuación, el número de casos positivos por el covid-19 y la cifra de fallecidos (distinguiendo entre internos y personal), entre otra documentación.

Maria Cinta Pascual ha sido muy crítica con la Generalitat. El pasado mes de abril, reclamó una "intervención sanitaria urgente" para que los ancianos fueran tratados médicamente. "El protocolo establece que estas personas deben ser trasladadas al hospital, pero esto está ocurriendo en muy pocos casos, se les está discriminando", denunció. "Pedimos ayuda a la Administración para impedir la transmisión del virus", rezaba una carta conjunta de las empresas que gestionan los geriátricos. Los investigadores sospechan que realmente existió descoordinación en el seno de la Administración y que los recursos de personal y material requeridos por las residencias no acabaron de llegar en los momentos claves de la pandemia.

Los traslados a centros

Las fuentes consultadas aseguran que en algunos casos los protocolos no funcionaron ni siquiera para gestionar el aprovisionamiento de bolsas para cadáveres. Otra de las incógnitas que se quiere despejar es si se movilizaron o no todos los trabajadores disponibles. Los investigadores también tienen indicios de que se pudieron haber cometido "graves errores" y posible descontrol en el traslado de personas de unas residencias a otros centro y en la conducción de los pacientes a los hospitales, que en algunas ocasiones fueron tardíos.

Las pesquisas no atañen solo a la época en que las residencias eran competencia de la Conselleria de Afers Sociales, sino también desde que las asumió la Conselleria de Salut, el pasado mes de abril. A partir de ese momento, se estableció que los geriátricos debían comunicar en 48 horas desde la publicación del decreto de traspaso las incidencias existentes y que estos datos debían actualizarse cada 24 horas. Los investigadores tienen indicios de que la gestión continuó siendo deficiente a pesar de ese cambio, hasta tal punto que indagan si realmente se aislaron a los contagiados del resto de los residentes y si existió descontrol en alguno de los traslados efectuados.

Órganos de decisión

Por ello, el juez, a través de la Guardia Civil, haya requerido a la Conselleria de Salut para que concrete en qué momento en que se activó oficialmente la emergencia sanitaria y que identifique a las personas, sean cargos o no, que han participado en los órganos vinculados a la ejecución del plan de protección civil de Cataluña, así como que detalle los espacios habilitados para uso sanitario públicos o privados a los que se ha derivado personas residentes para prestarles atención. Además, los investigadores quieren conocer el número de personas trasladadas de las residencias a los hospitales, las medidas adoptadas en cuanto a ubicación y aislamiento de pacientes en los geriátricos y las modificaciones en la prestación de servicios ordenadas al personal sanitario.

A la Conselleria d'Afers Socials, el magistrado solicita que informen sobre las resoluciones, disposiciones e instrucciones que hubiesen sido emitidas para garantizar la eficacia de la orden ministerial del 27 de marzo sobre medidas en las residencias de personas mayores y centros socio sanitarios ante la situación del covid. Asimismo, se le ha pedido que explique las medidas adoptadas aislamiento de infectados en estos recintos.

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