Hasta 2012, los únicos escándalos que habían salpicado a Juan Carlos I eran de tinte amoroso o relacionados con sus numerosos accidentes. Sin embargo, ese año, apenas un poco después de que el 12 de diciembre de 2011 se viera obligado a aparta al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de las actividades oficiales por su "conducta no ejemplar" en el "caso Nóos", la corrupción empezó a salpicar directamente a quien hasta ese momento ostentaba el título de salvador de la democracia por su actuación en la noche del 23-F.
El 18 de abril de 2012, Juan Carlos I, hasta entonces caracterizado como un rey bromista y campechano, se vio obligado, en un acto sin precedentes, a pedir perdón públicamente: "Lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir". Un trago muy áspero para quien había sido educado desde niño como futuro rey. El desencadenante fue la divulgación de un viaje a Botsuana, en plena crisis económica, en el que mientras cazaba elefantes sufrió una fractura de cadera de la que tuvo que ser operado en Madrid y que desembocó, el 23 de noviembre, en una intervención para implantarle una prótesis en la cadera.
Desde aquel día, Juan Carlos I empezó a acumular descréditos y sumó la crisis dinástica a las otras tres que a raíz del batacazo económico de 2008 vivía España: la económica, la política (agudizada por el inicio de ruptura del bipartidismo tras las protestas del 15M) y la catalana, que ya daba sus primeros pasos largos.
En un intento de desactivar las nubes negras que se cernían sobre la monarquía, Juan Carlos I anunció el 2 de junio de 2014 la abdicación en su hijo, Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, tras casi 39 años de reinado. Su último acto como Rey fue sancionarla el 18 de junio. Felipe VI fue coronado al día siguiente y, poco a poco, las aguas parecían calmarse.
Sin embargo, la calma fue pasajera y duró solo hasta 2018, año en el que, paradójicamente, el Monarca fue homenajeado en el Congreso, el 6 de diciembre, con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978. Un año y medio antes, en un despliegue de prudencia que enfadó al Emérito, el Rey le privó de espacio en el acto con el que el Congreso celebró los 40 años de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, las del 15 de junio de 1977.
Para entonces, la ciénaga llevaba removiéndose algunos meses, agitada por el personaje más mediático de las llamadas cloacas del Estado, el excomisario José Manuel Villarejo. El excomisario fue citado en la Audiencia Nacional el 20 de julio de 2018 tras divulgarse la existencia de una grabación que se recogía una conversación mantenida en 2015 en Londres con Corinna Larsen, una antigua amante del Monarca. Según Larsen, Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza y en ellas habría ingresado comisiones cobradas de Arabia Saudí por el papel jugado en la concesión a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca. La examante aseguró a Villarejo que el Rey la utilizó como testaferro.
El estruendo fue enorme, pero durante un tiempo el Monarca pareció haber parado un golpe que, según sus defensores, olía a podrido y albergaba una potente carga de desestabilización para la democracia. Así, el 26 de julio, seis días después de la comparecencia de Villarejo en la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción exigió analizar la autenticidad de las grabaciones para estar luego en condiciones de valorar si Juan Carlos I había incurrido en delito.
El resultado de estas pesquisas fue terminante: no había delito en los hechos revelados por Corinna, salvo uno posible de corrupción por el AVE a La Meca. Pero, en todo caso, no podría llegar a imputársele dado que en el momento de cometerlo su persona era inviolable, condición que perdió con la abdicación de 2014. El sumario quedaba sobreseído de modo provisional, aunque volvería a ser reabierto recientemente sobre la base de delitos de blanqueo y fraude fiscal cometidos con posterioridad a la abdicación.
Pese al cierre del sumario, la vía del AVE a La Meca ya estaba abierta y el tren iba a resultar imposible de detener. De hecho, el 26 de diciembre de 2018, Anticorrupción comenzó a investigarla tras recibir informaciones sobre el presunto pago de comisiones para la adjudicación de la obra.
Mientras la maquinaria judicial daba lentos pasos en España, el rumor de fondo de la ciénaga levantaba pesadas amenazas con origen en Suiza. Aún no se sabía demasiado lo que se traía entre manos la Fiscalía suiza, pero el 2 de junio de 2019, Juan Carlos I se retiraba de la vida pública y abandonaba cualquier actividad institucional, aprovechando el quinto aniversario de su abdicación.
Tres meses antes, en marzo de 2019, habían comenzado a circular informaciones en las que se afirmaba que el Rey emérito movía dinero negro a través de una fundación llamada Lucum, radicada en Panamá, en la que Felipe VI aparecía como beneficiario.
Fue en octubre de 2018 cuando la Fiscalía suiza, que era quien estaba investigando a la fundación Lucum, pidió a la Audiencia Nacional la grabación de la conversación de Londres entre Villarejo y Corinna. En diciembre, el fiscal suizo Yves Bertossa tomó declaración a Corinna, y también a Arturo Fasana y Dante Canónica, los gestores de la cuenta de Lucum. Bertossa estaba seguro de que cien millones de dólares ingresados en una cuenta panameña de la fundación procedían de las arcas del rey saudí Abdalá. Como se explicaría más tarde, la monarquía saudí habría cobrado las comisiones de las empresas españolas y le habría entregado su parte a Juan Carlos I.
2020 ha sido el año en el que el tren del descrédito de Juan Carlos I ha alcanzado su máxima velocidad. El pasado 3 de marzo, menos de dos semanas antes de que en España se proclamara el estado de alarma por la pandemia, el diario suizo "Tribuna de Ginebra" informaba de que el fiscal Bertossa había encontrado pruebas de que Farsana y Canónica, los gestores de Lucum, habían movido los ya célebres cien millones.
Tan sólo 48 horas más tarde, el 5 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción española envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre la supuesta donación hecha desde Lucum a una cuenta de Corinna.
El día 14 del pasado marzo, un diario británico, "The Telegraph" reveló que Felipe VI era el segundo beneficiario de la fundación Lucum. Al día siguiente, el Rey tomaba una decisión de amplio aliento pero de nula validez jurídica: la renuncia a cualquier futura herencia que pudiera dejarle Juan Carlos I. Además, en un gesto de dura apariencia destinado a salvaguardar el futuro de la dinastía, retiraba al Rey emérito su asignación anual de casi 200.00 euros.
La Casa del Rey explicó por otra parte que, un año antes, Corinna Larsen había escrito a la Zarzuela para informar de que el nombre de Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación. La Casa del Rey, se añadía, tomó entonces la decisión, que no trascendió a la opinión pública, de informar de la misiva al Gobierno y de rechazar ante notario cualquier dinero procedente de la Fundación Lucum.
Pese a todo, el goteo de informaciones continuó, aunque en parte obscurecido por la tragedia de la pandemia Covid-19. Hasta que el pasado día 4 de julio se informó de que Corinna había declarado en diciembre de 2018 ante el fiscal Bertosa, que en 2012, Juan Carlos le transfirió 64,12 millones de dólares "por gratitud y amor". No fueron pocos quienes sospecharon una nueva maniobra de blanqueo. Ese mismo día, el ruido de fondo de la ciénaga comenzó a adquirir una forma que se materializó ayer: Juan Carlos I se aprestaba a emprender el camino del exilio.
