Con la polémica por la ausencia del Rey judiciales aún viva, el Gobierno ha abierto otro frente con el Poder Judicial. Con este al menos el objetivo es claro: tratar de evitar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo que empezará a realizar el CGPJ en su pleno de este miércoles. ¿El motivo? Que el órgano de gobierno de los jueces casi dos años caducados. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido el encargado de verbalizar los motivos del Gobierno por los que se vetó a Felipe VI en Barcelona y de pedir al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, que mantenga la paralización de los nombramientos.

Después de una semana dejando votar la pelota, Campo por fin explicó en RNE el por qué del veto del Rey: "Para velar por la convivencia" y no añadir "tensión" ante la inminencia de la sentencia de inhabilitación de Quim Torra y la cercanía del tercer aniversario del referéndum del 1-O, como habían adelantado fuentes del Gobierno a este diario. En su opinión, el responsable de la polémica suscitada había sido el propio Lesmes, por haberse empecinado en poner una fecha del acto, el 25 de septiembre, que a su juicio era inconveniente.

Paradójicamente, también afirmó que no es "imputable" a Lesmes, sino a un Consejo cuyo mandato caducó hace casi dos años, que arrastra una "descomposición" precisamente por no haber sido renovado. El ministro aprovechó de nuevo para instar al PP a que dé "cumplimiento" a la Constitución y facilite el recambio en las instituciones, varias de ellas -y no solo el CGPJ- colgadas desde hace mucho tiempo.

El Gobierno omite que este CGPJ es de momento el único que ha procedido a paralizar los nombramientos a la espera de un acuerdo entre las fuerzas políticas que aún no se ha producido. Para Campo mantener esa paralización sería una "medida de apoyo a la obligada renovación de los órganos constitucionales". "Lesmes sabrá qué tiene que hacer", añadió.

Apoyo de asociaciones

En paralelo, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y la Comisión de Defensa del Collegi de l'Advocacia de Barcelona emitieron un crítico comunicado para denunciar la "falta de legitimidad" del CGPJ para nombrar nuevos cargos y pedir que se tenga en cuenta que el actual Congreso "recoge una diversidad ideológica que no está reflejada" en la composición del CGPJ, elegido en el 2013 cuando gobernaba el PP.

En enero, el propio Lesmes decidió suspender los nombramientos de cargos "en la confianza de una pronta renovación de la institución", pero en mayo perdió las esperanzas en un acuerdo entre el PSOE y el PP y retomó los trámites. Por sorpresa, en julio, el órgano de gobierno de los jueces retiró cinco nombramientos discrecionales que iba a aprobar el pleno al confirmar la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios.

Nombramientos pendientes

Se trataba de conversaciones discretas que no habían trascendido hasta ese momento, pero a finales de agosto el PP borró cualquier posibilidad de acuerdo con la Moncloa mientras Podemos siguiera en el Gobierno. En el orden del día del Consejo está la elección de tres presidentes de las cinco salas del Supremo.

En concreto, el pleno del CGPJ debe debatir y votar este miércoles la provisión de tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), así como las presidencias de lo Contencioso, de lo Social y de lo Militar de este mismo tribunal.