Ni doce horas le duró a Isabel Díaz Ayuso su rebeldía. En uno de sus cada vez más frecuentes giros de guion se comprometió este jueves a acatar la orden "alegal" del Gobierno de cerrar Madrid capital y otras nueve poblaciones, pero intentará eludirla presentando este mismo viernes un recurso ante la Audiencia Nacional. Las medidas deben ejecutarse poco antes de la medianoche de este 2 de octubre, según la resolución publicada por el Ministerio de Sanidad en el BOE, y la presidenta tiene difícil demorarlas hasta que el tribunal se pronuncie, salvo que la Audiencia admitiese la congelación de manera inmediata.
La incertidumbre se cierne sobre los madrileños desde que el martes el ministro Salvador Illa y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, anunciaron el preacuerdo alcanzado sobre las nuevas restricciones. Desde entonces, se produjo el descuelgue de Ayuso del pacto, el voto en contra de Madrid y otras comunidades del PP en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y la afirmación del consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de que la decisión de éste órgano "no tiene validez jurídica. Todo en sólo dos días y aún no se ha despejado al cien por cien ni cuándo ni cómo entrará en vigor.
Ayuso debió percatarse de que su huida hacia adelante podía llevarle al mismo camino por el que transita una parte del secesionismo catalán. "Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno cumplirá las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas", le espetó al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, en la sesión de control de la Asamblea.
Una vez superado su 'momento Torra', la presidenta regional solicitó un informe para discernir ante qué tribunal se presenta el recurso y si era posible solicitar una suspensión cautelarísima para torpedear la entrada en vigor. La presidencia regional informó anoche de que hoy mismo se presentará el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y que su contenido se hará público en una rueda de prensa.
Fuentes del Gobierno central insistieron en que la restricciones deben entrar en vigor la medianoche de hoy "sí o sí" y que sólo la intervención del juez podría demorarlas. La pelea, según la ven en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es de "guardería infantil", porque Ayuso, creen, no puede ganarla. "Se les ve derrotados", valoraba otra fuente gubernamental. Porque, en este choque institucional insólito, lo que se libra sobre todo es una contienda política, una batalla por una región clave tanto para el PSOE como para el PP, que gobierna la región ininterrumpidamente desde 1995, ahora con Cs en el Gabinete y con el apoyo externo de la ultraderecha de Vox.Acuerdo válido según la ley de 2015
El anuncio del recurso ante la Audiencia se hizo efectivo mientras Ignacio Aguado afirmaba, en una entrevista en directo, en el 'Telediario 2' de TVE, apuntaba rotundo esto: "No creo que el mejor lugar para intentar buscar soluciones a este drama sean los tribunales. Yo prefiero sentarme en una mesa a hablar". El vicepresidente defendió su tesis de que la mejor salida es "el diálogo", "aunar esfuerzos" y aparcar la confrontación, justo lo contrario de lo que propugna la presidenta.
Cuando le informaron del anuncio del Gobierno regional, Aguado, que no tenía conocimiento previo de la decisión (el PP alegó que no se hizo "a propósito"), señaló que es una iniciativa de Ayuso que él no comparte y de la que se desliga: "Es una decisión de la presidenta y evidentemente ella tiene la última palabra". Pero "al margen de lo que diga" su "compañera" de Gabinete, insistió, él siente la "obligación moral de buscar soluciones políticas". De momento, no cree necesario romper el Ejecutivo: "Entré en política para ser útil, no por el sillón ni por ambiciones personales". El episodio revelaba, de nuevo, las tiranteces indisimulables entre los dos socios del Gabinete, PP y Cs, y su distinta forma de concebir la relación con Sánchez.
Más allá de una posible suspensión cautelar, diversos juristas se pronunciaron de modo divergente sobre el fondo del asunto. La Comunidad sostiene que al no haberse aprobado por consenso como establece el artículo 14.1 del reglamento de este organismo, la medida no es de obligado cumplimiento para las autonomías.
Pero la Abogacía del Estado, consultada por el Ejecutivo, argumenta en la orden publicada en el BOE que la norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) es el artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que señala que "los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso".
Tampoco está aún claro qué restricciones incluirá. La decisión colegiada del CISNS establece la limitación de los desplazamientos de entrada y salida de los diez municipios a los viajes al trabajo, a la escuela y algunos otros casos más, así como la reducción de los aforos de los bares y comercios al 50% y de las terrazas al 60%. Estas y otras medidas son el mínimo que exige la orden, pero la Comunidad puede ampliarlas.
La decisión del Consejo no incluye el cierre de parques y jardines que sí estableció Madrid en las 45 áreas sanitarias confinadas y el consejero de Sanidad ya ha avanzado que en su transposición de la normativa ellos sí lo incluirán. Pero tampoco se sabe en qué momento el Gobierno autonómico publicará la orden en el 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid'. Debería estar lista este viernes, 2 de octubre, antes de las 22.48, 48 horas después de la orden ministerial comunicada firmada por Illa. Lo que no puede indicar ese texto, según avisa la Moncloa, es una fecha de entrada en vigor distinta a la prevista por Sanidad. Es decir, Ayuso no puede posponer por sí misma la ejecución de las restricciones.
Lo que parece seguro es que una vez establecidos los confinamientos no serán de unos pocos días. El portavoz gubernamental de la pandemia, Fernando Simón, dejó claro que "hasta que no se detecte una tendencia pronunciada de descenso de la curva de contagios" no se podrán levantar y pidió colaboración a los madrileños, porque de ellos depende también que la incidencia baje. Las medidas deberán tomarse por dos semanas prorrogables y la evolución se seguirá semanalmente por los equipos de Sanidad y la Comunidad.
