09 de octubre de 2020
09.10.2020
La Nueva España
Pazo de Meirás

Los Franco se aferran a Meirás y alegan que el pazo fue un regalo al dictador a título personal

Los herederos recurren la sentencia, que ven "notoriamente parcial, sesgada y tendenciosa"

09.10.2020 | 10:12
Los abogados de los Franco, Luis Utrera Molina (izq.) y Antonio Gil, a la entrada del juzgado.

Los herederos del dictador Francisco Franco han presentado ante la Audiencia Provincial un recurso contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que declaró nula la compra del pazo de Meirás por parte del militar golpista en 1941 y que condenó a sus herederos a devolver al Estado este inmueble, mantenido con fondos públicos durante toda la dictadura, sin derecho a ningún tipo de indemnización.

En un escrito de 140 páginas, el despacho de abogados de Luis Utrera Molina carga con dureza contra la resolución de la jueza coruñesa Marta Canales, que tacha de "notoriamente parcial, sesgada y tendenciosa". Los Franco acusan a la magistrada de ignorar sus alegatos y cargar las tintas con hechos históricos, como las donaciones forzosas para adquirir el inmueble que, en su opinión, no pueden demostrarse y resultan "irrelevantes" en esta causa.

"Más allá de hablar muy mal de Don Francisco Franco, de su bando en la Guerra Civil Española o del Régimen que se instauró en España a partir de esta última, nada tienen que ver y nada aportan de cara a dilucidar las concretas cuestiones jurídicas", alegan en su recurso. Los Franco pasan de puntillas sobre los hechos históricos considerados probados, como las "coacciones" de la Junta Pro Pazo, las "listas negras de malos patriotas, las colectas de fondos puerta a puerta o las aportaciones de fondos públicos para la compra del pazo, y centran sus esfuerzos en defender la validez de la escritura de compraventa suscrita en 1941, que la jueza ha anulado al entender que fue solo "un fraude para inscribir el inmueble a su nombre".

Los Franco intentan desmontar punto por punto la sentencia de primera instancia que, en base a lo declarado por los historiadores y peritos que participaron en la causa, concluyó que el pazo fue entregado a Franco en su calidad de jefe del Estado, en ningún caso a título personal, y que para inscribirlo a su nombre, el dictador simuló su compra en 1941, a pesar de que el pazo ya había sido vendido en 1938 a la Junta Pro Pazo, como muestra una escritura hallada recientemente.

Los herederos del dictador admiten que el dinero para comprar el pazo "no salió del bolsillo" de Franco, pero insisten en que la voluntad de todas las partes que participaron en el proceso, desde la Junta Pro Pazo a la vendedora, era regalarle el inmueble a título personal "sin más" y no en su calidad de jefe del Estado. "¿De haber arrojado un resultado distinto la Guerra Civil se habría mantenido o llevado a efecto esta transmisión? [...] ¿Es mínimamente creíble que Manuela Esteban Collantes [la vendedora] tuviese tal intención cuando su marido y su hijo habían fallecido a manos del bando republicano?", especulan los letrados en su recurso.

Los Franco alegan que la escritura de 1938 no era válida porque la vendedora, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), no disponía todavía del título posesorio y por no poder considerarse a la Junta Pro Pazo una persona jurídica. Según su versión, el acuerdo de compraventa de 1941 entre la nuera de Emilia Pardo Bazán y Francisco Franco (representado por Pedro Barrié de la Maza) no fue "de ninguna manera una operación simulada" o, en todo caso, admiten, habría sido solo una "simulación relativa" para "subsanar las elementales omisiones de que adolecía la escritura de 1938" y "sobre todo", para "posibilitar que Franco deviniese propietario del inmueble" y, "cumplir la voluntad" expresada por todas las partes.

En su recurso, los herederos del dictador admiten que la cuantía que figura en el acuerdo de 1941, según la cual el pazo se compró por 85.000 pesetas, es "ficticia". Admiten también que en ese encuentro ante notario de 1941 para escriturar la propiedad a nombre de Franco tampoco hubo intercambio de dinero porque, argumentan, las 460.000 pesetas que se pagaron realmente ya habían sido abonadas anteriormente, en 1938, a la propietaria por la Junta Pro Pazo.

Reconocen los herederos del dictador que sí hubo "simulación" en lo relativo al precio del pazo y que "se declaró un precio inferior al realmente entregado" (85.000 pesetas frente a las 460.000 reales) por la "trascendencia impositiva de esta operación para con la propia parte vendedora" que "superaría el tramo fiscalmente relevante de 500.000 euros pesetas por el impuesto de derechos reales".

Pese a todas estas irregularidades, afirman que la nulidad radical de esta escritura que ha decretado el Juzgado de Primera Instancia no se ajusta a derecho. El hecho de que Franco, supuesto comprador, no hubiese abonado ni una sola peseta en esta operación, tampoco es un motivo, alegan. "¿O es que se nos va a decir que cada vez que se constata que el precio abonado por una compraventa no ha salido directamente del bolsillo del comprador ha de considerarse nula?", alegan.

La familia del dictador no discute tampoco que el pazo fue mantenido y reformado con fondos públicos durante toda la dictadura. Alegan nuevamente que el Estado asumió los gastos como "residencia oficial", pero que Franco pagaba las pólizas de seguro y el IBI, extremo que, según la jueza, los abogados no lograron demostrar. Y es que, en opinión de la magistrada, los recibos aportados en la causa no prueban estos pagos, sino solamente que los recibos se expedían a su nombre como titular registral.

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