"Vamos a cambiar uno detrás de otro". El Gobierno no solo está dispuesto a seguir hacia delante con su reforma de la ley para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También planea ya la revisión de otras normas para propiciar el relevo en otras instituciones, caso del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas. En ambos casos no haría falta tocar la Constitución, sí modificar la ley orgánica que regula ambos órganos, por lo que a PSOE y Unidas Podemos les basta con garantizarse la mayoría absoluta.
El aviso lo deslizó la pasada semana la ministra portavoz, María Jesús Montero, pero cobró más fuerza este martes, con la resaca del registro de la proposición de ley que rebajará las mayorías para elegir a los 12 vocales jueces del CGPJ y que recortará las atribuciones del órgano cuando entre en funciones. Fuentes de la Moncloa fueron rotundas: se renovarán las instituciones atascadas "una detrás de otra", quiera o no el PP. Porque ese es el mensaje que defienden en el equipo directo de Pedro Sánchez: Pablo Casado "no puede pretender normalizar el bloqueo".
El resorte del cambio legislativo le vale al Gobierno para dos órganos constitucionales: el Defensor y el Tribunal de Cuentas (TCU). La Constitución no explicita qué mayorías se requieren para nombrarlos, y lo deja para la ley orgánica. Fue el legislador quien, en 1981 y 1982, fijó que para designarlos se necesita el aval de tres quintos de Congreso y Senado. Una mayoría reforzada que el Ejecutivo podría rebajar en segunda votación para garantizar su renovación cuando no hay acuerdo.
El concurso de RTVE
El relevo en el Defensor es más apremiante, porque su actual titular, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, lleva en funciones desde julio de 2017. El mandato de los 12 consejeros del TCU no concluye hasta el verano del 2021, aunque uno de ellos, Lluís Armet, renunció al cargo en el 2018 y su plaza está vacante.
Sin embargo, el Gobierno no puede proceder a la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional -uno de ellos, Fernando Valdés, dimitió este miércoles tras ser procesado por el Supremo por malos tratos-, porque su forma de elección está tasada en la Carta Magna. Respecto a RTVE, el Ejecutivo no necesita cambiar nada, porque la última reforma de la ley, de 2017, ya prevé el desbloqueo por mayoría absoluta en segunda ronda. Pero antes Congreso y Senado deben desliar el concurso público.
La sesión de control en el Congreso estuvo dominada por la reforma legal del CGPJ. Casado advirtió de que mientras no retire ese "atropello legal", a la "polaca", no se avendrá a negociar nada. "A mí no me presiona nadie, y menos usted", le espetó a Sánchez, avisándole de que puede "poner en riesgo" los fondos de reconstrucción europeos por "atacar nuestro Estado de derecho". Fuentes del Gobierno replicaron que no temen que el presidente sea interpelado este jueves y viernes en el Consejo Europeo por el cambio exprés de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ), porque no es posible, alegan, la comparación con Polonia o Hungría. "Ni está ni se espera ese debate", zanjaron desde la Moncloa.
