El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no resolverá al menos hasta este viernes si avala las nuevas restricciones que ha acordado la Generalitat para combatir el coronavirus, entre ellas el cierre de barres y restaurantes que tenía previsto que entrara en vigor a partir de este jueves a medianoche.
Según ha informado el TSJC, la sala contenciosa-administrativa del alto tribunal catalán que debe pronunciarse sobre las medidas anunciadas este miercoles por la Generalitat no dictaminará finalmente este jueves, sino previsiblemente mañana.
El gobierno catalán ha pedido al TSJC que avale las restricciones aprobadas en el marco del Procicat, que preveía que entraran en vigor a partir de este jueves a medianoche y que incluyen el cierre de bares y restaurantes durante un mínimo de 15 días, limitar el aforo de los comercios al 30 %, reducir el de cines y teatros al 50 %, y suspender las actividades deportivas no profesionales.
Tras recibir la petición de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido esta mañana a la administración autonómica que aclarara, de forma urgente, cuáles de sus medidas para frenar la pandemia en Cataluña afectaban a derechos fundamentales.
Además, la sala contenciosa del alto tribunal catalán ha urgido al Govern a subsanar algunos defectos de forma del escrito remitido, en el que no figura ni firma, ni fecha ni el número de decreto que se somete a revisión del TSJC.
Según el TSJC, el Govern ha presentado dentro del plazo fijado por la sala el escrito identificando las medidas que, a su juicio, podrían afectar a los derechos fundamentales.
No obstante, el Govern no ha reparado los defectos formales advertidos por la sala, como la falta de fecha, firma y número, según el TSJC.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía Superior de Cataluña, tras ser consultada por el TSJC sobre las restricciones anunciadas por la Generalitat, ha emitido un informe en el que no pone objeciones a las nuevas medidas sanitarias propuestas por el Govern.
La Fiscalía sostiene en sus informes que las medidas planteadas por la Generalitat no suponen ninguna vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que cree que no son desproporcionadas.
