Casi con un mes de retraso respecto de la fecha obligada por la Constitución, pero ya hay proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2021. El Consejo de Ministros lo aprobará este mismo martes, 27 de octubre, en su reunión ordinaria, y lo enviará a continuación al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Es el anuncio, confirmado por la Moncloa, con que comenzó este lunes la XXIII Conferencia de Presidentes, que se celebra de manera telemática en el Senado y con la asistencia virtual de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y todos los mandatarios regionales. El presidente incidió asimismo en que el anteproyecto incluirá un adelanto en los Presupuestos del 2021 de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos (140.000 millones para España hasta finales del 2026, entre transferencias y créditos).

En realidad, ya se esperaba que esta semana el Gobierno diera el visto bueno al proyecto de PGE. La semana pasada, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ya adelantó que confiaba en cerrar el texto en apenas unos días, a fin de llevar el texto al Congreso, si fuera posible, antes de que acabara octubre. Ella misma minimizó las diferencias con los morados, que se centraban básicamente en la limitación de los precios del alquiler y en la política fiscal. Respecto a lo primero, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, avanzó en una entrevista publicada este domingo en 'El Periódico' que estaba dispuesto a adelantar la tramitación de la ley estatal de vivienda para satisfacer las expectativas de Unidas Podemos. El anuncio, sin embargo, tiene el doble sentido de oficializar el pacto con los socios y de lanzar un mensaje ante la máxima responsable del Ejecutivo comunitario.

Vivienda, educación o medio ambiente

El presidente también anunció en la XXIII Conferencia de Presidentes -a número 17 desde que estalló la pandemia- que, según las estimaciones del Ejecutivo, más del 50% de los proyectos del plan de recuperación los ejecutarán directamente las comunidades. En concreto, los mandatarios autonómicos podrán promover en el plan de recuperación proyectos o programas en cualquier ámbito.

Fuentes de la Moncloa explicaron que hay competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y que están muy vinculadas a áreas clave del programa. Por ejemplo, vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medio ambiente. "Será en estas áreas donde las comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados. Para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades", apuntaron.

En concreto, se reservarán 4.500 millones para la rehabilitación sostenible de viviendas, 2.500 para la conservación de la biodiversidad, 7.000 para las políticas educativas, 2.000 para la economía de los cuidados, 600 para la digitalización de las administraciones públicas. Además, se implementarán oficinas judiciales en municipios de todo el país para lograr una Justicia más eficiente y de calidad, tal y como después explicó la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Además, como ya había expuesto a principios de mes, se pondrá en marcha la conferencia sectorial de fondos europeos, liderada por Hacienda y con participación de las autonomías, y se eliminarán trabas burocráticas y reformarán leyes para agilizar la absorción de las ayudas de la UE.

Sánchez acudió a la conferencia telemática en el Senado acompañado por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y las ministras de Exteriores, Hacienda y Política Territorial, Arancha González Laya, María Jesús Montero y Carolina Darias. Pero la invitada estrella era Von der Leyen. La presidenta de la Comisión arrancó subrayando que España se vio afectada "mucho antes y mucho más" que otros países europeos por el covid. El plan Next Generation EU, que no fue "fácil" alumbrar en julio por los líderes de la Unión, favorecerá "a Europa en general", y contendrá "inversiones y reformas que reparará nuestra economía" y la preparará para el futuro. España será el segundo gran receptor. "Han estado ustedes ahí para ayudar a la población y ahora Europa quiere estar ahí con ustedes", indicó a los líderes autonómicos.

Von der Leyen insistió en que Next Generation EU tiene como meta "reactivar la economía y avanzar hacia un futuro más ecológico y resiliente". Pero solo será posible, le dijo a los presidentes autonómicos, con su "ayuda". "El éxito del plan dependerá de la calidad de las inversiones" y si se trabaja "en equipo". La jefa del Ejecutivo comunitario avisó a los presidentes de que son ellos los que han de "contribuir", porque son ellos los que "van a dar vida a los proyectos", para que las inversiones europeas se traduzcan en "crecimiento local". "Serán ustedes los que tengan que llevar esta ola de renovación a sus localidades y ciudadanos", les apremió. "Europa funciona mejor cuando funciona unida, como un equipo —observó—. Cuando unimos fuerzas es cuando damos lo mejor de nosotros mismos, es lo que puede marcar la diferencia en esta crisis".

La presidenta de la Comisión puso varios ejemplos de inversiones. Por ejemplo, ha de profundizarse en la economía verde y un programa puede ser la renovación de edificios, para que sean más sostenibles. O la movilidad urbana ecológica, o la creación de valles de hidrógeno para crear ecosistemas locales. O la innovación digital. En definitiva, aseguró Von der Leyen, se necesitan reformas e ideas "valientes". Next Generation "no es más que una primera manera de acercarnos a este futuro y para eso Europa les necesita. Es nuestra responsabilidad compartida", concluyó.

Deberes hechos

Los presidentes autonómicos fueron exponiendo sus necesidades y reivindicaciones, y la mayoría de ellos reclamó criterios objetivos y claros. Pero quien enhebró un discurso completamente distinto fue el 'president' en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, quien en inglés —hecho que le afeó el socialista castellanomanchego Emiliano García-Page— pidió a la Unión Europea un referéndum para Catalunya y protestó por la "injusta inhabilitación" de Quim Torra. Sobre los fondos europeos, subrayó que es "imprescindible" que el Govern gestione la parte de los recursos que le corresponde. "Tenemos mucha experiencia acumulada, tenemos las competencias y sobre todo tenemos la capacidad, la fuerza y la energía para implementar proyectos realmente transformadores. Asistimos a la reunión con los deberes hechos", aseguró el dirigente republicano.

El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), reclamó que los fondos se repartan según población, empleo y renta, y siguiéndolos, a su comunidad le corresponderían "23.000 millones de financiación europea para la recuperación", informa Julia Camacho. Moreno preguntó si el Gobierno pedirá los 140.000 millones a Bruselas, a lo que Sánchez respondió que sí. La intención del Ejecutivo es primero tirar de los 72.000 millones en transferencias, que se ejecutarán entre el 2021 y el 2023, para después recurrir a los préstamos.

El lendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que la presencia de Von der Leyen en la conferencia de este lunes es el reconocimiento del "papel clave" de las comunidades en la salida de la crisis del coronavirus, y una "clara señal a favor de la gobernanza colaborativa". "Los gobiernos autonómicos somos el piloto de esa recuperación pegada a la realidad territorial". Eso sí, el dirigente nacionalista, como hicieron otros presidentes, pidió una "mayor claridad" en los criterios generales de la Comisión Europea para la selección de los proyectos y en los instrumentos que el Gobierno pondrá en marcha para la elección y gestión de los mismos, informa Efe.

La petición de una mayor claridad fue repetida por otros presidentes autonómicos. Así, el popular Alberto Núñez Feijóo pidió un reparto de los fondos europeos con "criterios transparentes y objetivos" y para proyectos "viables y de futuro". El jefe de la Xunta explicó que ya ha enviado al Gobierno una propuesta de un centenar de proyectos que movilizarían más de 9.400 millones de euros. "Criterios objetivos y transparentes" demandó igualmente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como también un "papel protagonista" para las autonomías y protocoles "comunes" para proteger las fronteras —de nuevo, el acento en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas—. El murciano Fernando López Miras, también del PP, pidió que sea una agencia evaluadora externa la que certifique un proceso de reparto de los fondos llegados de la Unión Europea "transparente y equitativo".