El Gobierno va a pedir la ejecución provisional de la sentencia que determinó que el Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, es propiedad del Estado para que la familia Franco haga entrega cuanto antes de la finca, sin esperar a que se resuelva el recurso que ha presentado.

Lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras participar en una videoconferencia con el equipo de la Abogacía del Estado en Galicia, al que ha agradecido el trabajo realizado y con el que ha analizado los próximos pasos.

La familia ha recurrido ante la Audiencia Provincial de A Coruña y la recuperación de la que fuera residencia de verano del dictador podría dilatarse un año o dos, por lo que se ha decidido solicitar la ejecución provisional del fallo del Juzgado número 1 de Primera Instancia de A Coruña.

En él se consideró acreditado que la compraventa del pazo en 1941 fue un negocio simulado y nulo para inscribir la finca como propiedad privada de Francisco Franco y se estimaba que los herederos no tenían derecho a percibir indemnización.

"Es la reparación de una deuda histórica, una obligación que tiene el Estado de fomentar la reconciliación desde el recuerdo, y no desde el olvido", ha manifestado Campo.

Con "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales, ha explicado el ministro, ahora el Estado cuenta con una sentencia que, además de ayudar a superar esa deuda histórica, permite instar una ejecución provisional.

Justicia considera que las pruebas son irrefutables y la sentencia clara, al demostrar que el pazo, que fue mantenido, gestionado y rehabilitado con dinero público desde 1938 a 1975, nunca perteneció legalmente a la familia Franco.

"Este Gobierno ha demostrado que tiene un compromiso con la memoria democrática (...) Hace un año tuvimos la exhumación del dictador, ahora instamos la ejecución provisional de la devolución a los españoles del Pazo de Meirás", ha recalcado Campo, convencido de la necesidad de seguir esforzándose por la España de la "convivencia" que nació en la Transición.

No ha querido especular sobre qué ocurriría en el caso de que se ejecutara la sentencia y triunfara después el recurso de la familia Franco en la Audiencia Provincial, pero ha recordado que se podría acudir después al Supremo.

En el encuentro con el ministro han participado la abogada general del Estado, Consuelo Castro; el jefe de la Abogacía en Galicia, Javier Suárez, junto a su compañera Adela Álvarez; y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

Tras conocerse la sentencia el pasado 2 de septiembre, Suárez avanzó ya la posibilidad de una ejecución provisional del fallo, una opción que secundó el Ayuntamiento de Sada, dispuesto a conveniar con el Estado el uso público del pazo.

En la resolución, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, concluyó que el pazo fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.

"Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado", reseñó la jueza, que estimó de forma íntegra la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno y que fue respaldada por la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.