El Rey Juan Carlos ha presentado este miércoles ante las autoridades tributarias una declaración "sin requerimiento previo" para saldar su deuda con Hacienda por un importe de 678.393,72 euros. En esa cantidad se incluyen los intereses y recargos obligatorios en este tipo de operaciones, según ha informado su abogado, Javier Sánchez-Junco, a través de un comunicado, en el que indica que la decisión de hacerlo público responde a las instrucciones que en ese sentido ha recibido de su cliente.
Fuentes fiscales señalan a este diario que el ministerio público procederá ahora a estudiar el pago para determinar si, con este paso, el Rey emérito logra neutralizar, o al menos disminuir, las responsabilidades penales en las que podría haber incurrido en relación con la segunda de las investigaciones fiscales abiertas en su contra. Esas pesquisas se trasladaron a la Fiscalía del Tribunal Supremo en cuanto se hicieron públicas, aunque ya llevaban más de un año en Anticorrupción y se había informado de ellas a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y a su antecesora en el cargo, María José Segarra, al ser el alto tribunal el único que puede investigarle y, en su caso, juzgarle.
Son las diligencias relativas a los gastos realizados tanto por él como por su esposa, la reina Sofía, y otros familiares, como alguno de sus nietos mediante tarjetas opacas que no estaban a su nombre. Entre esos gastos, por ejemplo, la compra de una yegua para la hija de la infanta Elena. Los reyes Felipe De la investigación fiscal realizada hasta ahora se desprende que el dinero procede del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y que Juan Carlos I disponía de él a través del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, su ayudante de campo hasta su paso a la reserva, y que, de ser así como se produjeron los gastos, habría actuado como su testaferro.
Estos gastos, por los importes necesarios para que la defraudación supere los 120.000 euros previstos para que haya delito, se realizaron entre 2016 y 2018, años en los que ya no gozaba de la inviolabilidad que le confería la jefatura del Estado y que perdió tras su abdicación en junio de 2014. Esa condición, precisamente, ha sido el principal escollo de la primera investigación abierta en su contra y que se prevé que se cierre antes de que acabe el año. Es la que se abrió tras escuchar a su examante Corinna Larsen confesar al excomisario José Manuel Villarejo que el monarca había recibido 65 millones de euros de la monarquía saudí por el AVE a La Meca. Cuando se publicó que ese dinero se movió por las fundaciones opacas Lucum y Zagatka, el rey Felipe renunció a la herencia que le pudiera corresponder de su padre.
A disposición del fiscal
Pese a que las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I son de dominio público, él todavía no ha tenido conocimiento oficial de ellas, lo que le ha permitido presentar la regularización fiscal. En su comunicado, el letrado precisa tanto que la declaración se ha producido "sin requerimiento previo", como que "el Rey Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos".
Las diligencias de investigación fiscales se abren para determinar si se ha producido un delito en una conducta sospechosa, caso en el que deben transformarse en una querella o denuncia, lo que en este caso no ha ocurrido. La tercera investigación abierta, la relativa a unos fondos en la isla de Jersey, de los que advirtió la inteligencia financiera, está aún en un estado muy incipiente.
