Casi cuarenta horas después de su inicio, los Mossos d'Esquadra han puesto fin este sábado a la macrofiesta ilegal que comenzó el jueves en Llinars del Vallès (Barcelona), con la participación de unas 300 personas, y cuyos organizadores, dos de los cuales han sido detenidos, preveían alargarla hasta el lunes, día 4.
Los dos responsables de la 'rave', una chica holandesa de 29 años y un chico de Tarragona de 22, pasarán en las próximas horas a disposición judicial acusados de desobediencia y de resistencia a agentes de la autoridad, y se enfrentan a una sanción administrativa de hasta 600.000 euros por incumplir la normativa anticovid.
Otras cinco personas han sido imputadas por su vinculación con la organización del evento y Mossos y Policía Local han identificado y denunciado a 215 asistentes a la fiesta, muchos de ellos extranjeros, que se exponen a multas de hasta 3.000 euros por saltarse las medidas contra la pandemia.
Del total de denunciados, un centenar son españoles, 35 franceses, diez italianos, tres andorranos y el resto de Austria, Países Bajos y Luxemburgo, han explicado en rueda de prensa el consejero de Interior, Miquel Sàmper, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
La policía ha decomisado los equipos de música y ha elevado una consulta a la Fiscalía para que determine si los organizadores de la fiesta han podido cometer un delito contra la salud pública.
Más de 200 agentes han participado en el operativo de desalojo, que se ha iniciado sobre las 12:00 horas de este mediodía, cuando se ha podido hacer "con garantías", ha indicado en Llinars el director general de los Mossos, Pere Ferrer.
Esta tardanza en actuar ha sido criticada por vecinos, partidos, expertos sanitarios y empresarios del ocio nocturno, entre otros, y ha generado fricciones entre los responsables de los departamentos de Salud e Interior, liderados por Alba Vergés (ERC) y Miquel Sàmper (JxCat), respectivamente.
Una fiesta multitudinaria
Todo empezó sobre las 21:00 horas del jueves 31 de diciembre, cuando vecinos de Llinars alertaron a la policía de que en una nave abandonada de las afueras del municipio, conocida como la Bòbila, se estaba celebrando una fiesta de Nochevieja multitudinaria.
Más de 200 vehículos, muchos con matrículas extranjeras, estaban aparcados en los alrededores de la nave, en cuyo interior se habían instalado potentes equipos de música para celebrar una fiesta que debía prolongarse hasta el lunes día 4.
El mismo día 31, los Mossos acudieron a la zona, pero la prioridad entonces fue minimizar la movilidad de los participantes e impedir nuevas entradas. No se contaba con agentes suficientes para intervenir, dada la "magnitud" de la 'rave' y el hecho de que fuera Nochevieja, con 3.500 agentes repartidos por todo el territorio, y se descartaba llevar a cabo una operación "precipitada".
Según Pere Ferrer, tampoco ayer viernes, día 1, se daban las circunstancias adecuadas para proceder al desalojo de la macrofiesta: "No se hubiera podido producir con garantías para nadie, ni para los asistentes ni para los policías".
Por eso, el desalojo no se ha efectuado hasta este sábado, casi 40 horas después del inicio de la fiesta, una vez que se ha dispuesto de un dispositivo "con cara y ojos" en el que el objetivo ha sido que nadie se fuera sin asumir sus responsabilidades.
Los Mossos, además de identificar y sancionar a la mayoría de participantes por la vía administrativa -algunos han huido "campo a través"-, están recopilando toda la información de los hechos para remitirlos al juez y que se depuren responsabilidades penales si es preciso.
Choque entre Salud e Interior
En un principio, los Mossos informaron ayer de que no preveían desalojar la nave a la espera de que los participantes salieran por su propia voluntad y para evitar graves incidentes, pero luego rectificaron y comunicaron que actuarían "en las próximas horas".
Estaban a la espera, explicaron fuentes del cuerpo, de un protocolo de Salud sobre cómo actuar con los participantes cuando salieran, teniendo en cuenta que iban sin mascarilla y no respetaron las distancias de seguridad.
El departamento de Salud no ha escondido hoy su malestar por estas declaraciones, dado que la consejera Alba Vergés, en su reunión con el responsable de Interior, Miquel Sàmper, fue clara en su petición: que se pusiera fin a la fiesta, se identificara a los participantes de la misma y se impusieran las sanciones correspondientes.
Fuentes de Salud aseguran que este es el procedimiento que se sigue en otras fiestas que incumplen la normativa contra la COVID y que nunca antes se había pedido a Salud un protocolo para actuar.
Críticas por la tardía actuación
Lo cierto es que la tardía actuación de los Mossos, permitiendo la celebración de una fiesta con 300 asistentes en plena pandemia, ha generado todo tipo de críticas, especialmente entre los grupos de la oposición, pero también entre los propios partidos de gobierno en Cataluña.
En Twitter, el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) ha afirmado que revisará con Interior cómo se han desarrollado los hechos para evitar que se repita una situación similar y que se actúe con más rapidez, mientras que la candidata de JxCat a las elecciones del 14F, Laura Borràs, ha calificado de "inaceptable e indignante" que no se haya desalojado la fiesta hasta este mediodía.
El líder de la oposición en Cataluña, Carlos Carrizosa (Cs), ha pedido la comparecencia de Miquel Sàmper y Alba Vergés ante la diputación permanente del Parlament para que expliquen las razones por las que se ha demorado tanto la intervención de los Mossos.
Expertos censuran la actitud del Ejecutivo catalán
También la comunidad médica y científica ha censurado la actuación del Gobierno catalán ante la fiesta de Llinars.
El profesor de física computacional Àlex Arenas, que trabaja en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ha aseverado que el Gobierno se estaba "luciendo" y, tras recordar que se han cerrado escuelas, la restauración, deportes y cultura, con "miles de personas pasándolas 'putas'" por la COVID, se ha preguntado por qué no se ha desalojado antes "esta ignominia".
La solución pasaba, a su juicio, por confinar en cuarentena a los participantes durante diez días antes de salir y mezclarse con la población. "Les pasamos comida y agua. Pero 10 días encerrados hasta inicio de síntomas. A la salida multa de las que recuerdas toda la vida".
En términos parecidos se ha pronunciado el científico Salvador Macip, residente en Leicester (Inglaterra), quien ha considerado "un insulto a los que se han estado esforzando durante meses que no se sepa cómo parar esta animalada, y un peligro para todos".
Indignación del ocio nocturno
Y si a alguien ha indignado la actuación de la policía es al sector del ocio nocturno, cerrado desde hace meses por la pandemia, que ha exigido su reapertura como único "muro de contención" frente a fiestas ilegales como esta.
La patronal FECASARM ha denunciado que "la mayor parte de las fiestas ilegales" ante la llegada del nuevo año "se celebraron sin ser detectadas", mientras que FECALON se ha preguntado cómo cientos de personas, algunas procedentes de países europeos, han podido llegar hasta Llinars para participar en la 'rave' cuando hay decretadas restricciones a la movilidad por la pandemia.
Interior defiende su gestión
Pese a las críticas, el titular de Interior y el mayor Josep Lluís Trapero han defendido la gestión para poner fin a la fiesta ilegal porque había que tener en cuenta el "criterio sanitario" en un contexto de pandemia: "No ha habido permisividad".
Han precisado que descartaron iniciar el desalojo a última hora de ayer por falta de luz, por lo que se decidió comenzar en la mañana de este sábado.
Además, para justificar la tardanza en el desalojo, han argumentado que la nave se encuentra en malas condiciones y que ayer noche muchos de los participantes en esta 'rave ilegal' presentaban un alto grado de alcohol, de manera que su reacción ante una operación policial podía ser "imprevisible".
