El excomisario Marcelino Martín Blas, que era responsable de Asuntos Internos de la Policía Nacional cuando tuvo lugar el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en Kitchen, ha solicitado al juez Manuel García Castellón que practique diversas diligencias de prueba, entre ellas un examen médico forense al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) y también imputado en esta causa Eugenio Pino" .

Lo solicita "a los efectos de determinar si aquel padece algún trastorno neurológico, psiquiátrico, psíquico o de la personalidad que condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos, de tal forma que el relato de los hechos que hace en sus declaraciones no se corresponda con lo realmente sucedido".

La defensa de Martín Blas -cuyo enfrentamiento con Pino, que le destituyó en 2015, ha llegado a popularizarse en la prensa como parte de la denominada 'guerra de comisarios'- quiere que el examen forense determine "si la medicación que toma dicho investigado como consecuencia de los distintos padecimientos que sufre distorsiona sus recuerdos", ya que informes anteriores han puesto de manifiesto episodios de "amnesia global transitoria".

A juicio del abogado Antonio Alberca, la posible alteración o confusión mental de Eugenio Pino junto con la manifiesta animadversión que reconoce sentir hacia Marcelino Martín Blas "da explicación a las incongruentes y contradictorias declaraciones de aquel" implicando a su mandante en los hechos objeto de la presente instrucción "en las que finalmente acaba reconociendo el 14 de diciembre último que no recuerda si realmente llevó el responsable de Asuntos Internos a cabo las ordenes que le impartió".

El escrito también apunta el enfrentamiento entre el exresponsable de Asuntos Internos y el principal investigado, el excomisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, que según la defensa del primero recibía órdenes directas de Pino.

Estas peticiones obran en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Martín Blas, citado para declarar sobre este asunto el próximo 21 de enero, también solicita la aportación a la Audiencia Nacional de diversa documentación, como es el acta de la comparecencia que él mismo realizó ante el DAO en febrero de 2017 y de una querella por coacciones que interpuso un trabajador de la Banca Privada de Andorra.

La medalla de Vicente Galán

También solicita diversa documentación relacionada con el que fuera jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), Jesús Vicente Galán, citado igualmente a declarar como imputado el próximo día 18, concretamente por el expediente de concesión a éste de la cruz al merito policial con distintivo rojo, así como la documentación por que se aprobó su destino como agregado a la embajada de España en Mauritania.

Con ello, la defensa pretende acreditar la intima relación entre Galán y el entonces DAO, "tanto en cuanto fue este último quien le propuso al primero para la condecoración (y no su superior Marcelino Martín Blas como hubiera sido lo procedente) y sin ningún mérito reseñable, así como además para que ocupase un puesto de agregado en una embajada, mismas prebendas con las que premió a su círculo más íntimo de confianza (los comisarios José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz).

La defensa de Martín Blas también requiere al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso que se requiera la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para que remita al Juzgado Central de Instrucción la investigación realizada por dicha unidad relativa a la filtración por parte de diversos mandos policiales de las diligencias de Investigación de la causa Gürtel en 2012 a los efectos de acreditar que el enfrentamiento con la cúpula policial data ya de dicho año.