El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido a Castilla y Léon, que ha adelantado el toque de queda más de lo establecido en el decreto de estado de alarma, que cualquier medida requiere una cobertura legal porque para restringir la movilidad hay que hacerlo con las máximas garantías jurídicas.

Esas son las palabras pronunciadas por el ministro en el diario El País, cuando se le pregunta por la decisión de Castilla y León de aprobar un acuerdo autonómico para adelantar el toque de queda de las 22:00 horas -el máximo establecido en el decreto del estado de alarma- a las 20:00 horas, algo que otras autonomías han solicitado al Gobierno.

No obstante, el ministro no ha querido entrar en polémicas con ninguna comunidad y ha asegurado que su ánimo de colaboración y apoyo a las comunidades "es férreo".

Unas declaraciones que se producen antes de que se conociera que el Gobierno va a recurrir la decisión de la Junta de Castilla y León y que ha solicitado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra ese acuerdo del presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

El titular de Sanidad ha reconocido que "cuesta mucho que descienda la ocupación de las UCI", pero ha mantenido que "los datos que tenemos ahora permiten decir que de momento no es preciso el confinamiento domiciliario".

"El estado de alarma ha funcionado -ha insistido- porque da a las comunidades las herramientas para restringir la movilidad en sus territorios con cierres perimetrales, restricciones de movilidad nocturna y de reunión".

Cada comunidad puede decidir si cierra sectores comerciales o de ocio, recuerda Illa, quien hace hincapié en que "disponen ya de las herramientas legales necesarias para doblegar la curva y que, en la práctica, es lo que en otros países llaman confinamiento", como Portugal o Alemania.

"Con los datos que tenemos ahora no es preciso ir más allá", concluye el también aspirante por el PSC a presidir la Generalitat catalana.