El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante ha revocado las resoluciones del Servicio Estatal de Empleo en esa provincia, por las que denegó al banderillero Juan Carlos Pascual el derecho a la prestación extraordinaria por desempleo a artistas en espectáculos públicos establecida tras el estado de alarma.

La sentencia del juzgado, estimando la demanda que hizo en su día el subalterno, deja sin efecto las dos negativas que el SEPE de Alicante dictaminó los pasados meses de mayo y septiembre, y declara el derecho del demandante a percibir dicha prestación en los términos previstos en el Real Decreto del 5 de mayo de 2020.

Asimismo, el juzgado condena al organismo oficial "a estar y pasar por dicha declaración y al abono de la prestación correspondiente", aunque especifica que ante este fallo cabe aún recurso de suplicación en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La demanda del banderillero alicantino es una más del casi centenar que los profesionales taurinos de los estamentos más modestos interpusieron el pasado año ante varias delegaciones provinciales del SEPE, que no les incluía en esas ayudas destinadas a los artistas afectados por la crisis del covid.

Las asociaciones sindicales del sector, entre ellas la Unión de Picadores y Banderilleros, consideraron desde el primer momento esta resolución como una "grave discriminación política por parte del Ministerio de Trabajo", ya que argumentan que los toreros están reconocidos e incluidos en la categoría de "artistas en espectáculos públicos" desde el Real Decreto del 1 de agosto de 1985.

Además de interponer decenas de demandas, picadores, banderilleros y mozos de espadas se manifestaron durante tres jornadas del pasado mes de julio a las puertas del Ministerio de Trabajo para reivindicar su derecho a recibir dichas prestaciones.

Por esos días, el ganadero Victorino Martín, como presidente de la Fundación del Toro de Lidia, también llegó a acusar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de prevaricar contra la tauromaquia "anteponiendo la política identitaria de su grupo, Unidas Podemos, a la justicia y a la protección de la clase trabajadora".

La UNPBE, a través de su abogado, Antonio José Martínez, ha declarado a EFE que confía en que esta sentencia sirva de jurisprudencia en la resolución de las otras demandas que se van a dirimir días contra las delegaciones provinciales del SEPE que siguieron las instrucciones de la ministra en nuestra contra".