El abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha aprovechado el trámite de cuestiones previas para plantear al tribunal de la Audiencia Nacional que este lunes ha comenzado a juzgar la caja b del PP la posibilidad de realizar un careo entre el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy -que ya estaba previsto que declare como testigo- y el extesorero del Partido Popular, que se enfrenta en esta causa a una petición fiscal de cinco años de cárcel que las acusaciones elevan a una veintena.
Bárcenas juega así, a través de su abogado, con el escrito que presentó en Anticorrupción en el que reconocía el sistema de contabilidad paralela del partido desde 1982 y el pago en negro de la reforma de su sede central en Madrid con dinero donado por empresarios que resultaron beneficiados por adjudicaciones. Precisamente la fiscalía especial ha esperado a que empezara el juicio para calificar de "escasas novedades, ninguna sustancial" las que incluía el extesorero en su escrito.
El ministerio público negaba en su nota cualquier acuerdo con el extesorero a cambio de su confesión. Anuncia que seguirá el criterio de escuchar su declaración y en el caso de que colabore se valorará si sus palabras tienen la suficiente entidad como para aplicarle alguna atenuante de confesión o de reparación del daño en este procedimiento o en el que se sigue en instrucción por las donaciones de empresarios, como se haría con cualquiera.
Acusaciones políticas
En el juicio está representada por el fiscal Antonio Romeral, a cuyas cuestiones previas se adhirió el PP, al que las acusaciones consideran responsable civil subsidiario del dinero negro con el que se pagaron las obras de sede. El abogado del partido, Jesús Santos, sostuvo que todas las acusaciones funcionan por motivos "espurios y políticos" y deberían quedar fuera del procedimiento, al tratarse de Izquierda Unida, socialistas de Valencia y Madrid o defender Gonzalo Boye al expresidente Carles Puigdemont en otros procedimientos. Ni la fiscalía ni la abogacía del Estado acusan al partido.
En su turno, el letrado solicitó la testifical de Rajoy, que ya está admitida porque en su día la solicitaron las acusaciones, y en caso de contradicción evidente entre el acusado y el testigo planteó la posibilidad de realizar un careo. Se trata de una petición que es complicado que se acepte por el tribunal por la habitual falta de eficacia de esta diligencia y la diferencia de circunstancias en que se produce, al tratarse de un acusado, que puede mentir para defenderse, y un testigo, obligado a decir verdad. Probablemente por ello Galán planteó su propuesta declarándose poco amigo de "generar circos" en los juicios, lo que le fue refutado por Santos, que considera que es para lo que serviría.
La paradoja de la 'Kitchen'
Y en cuanto a las pruebas que se le piden a Bárcenas para demostrar su intención de colaborar con la justicia, anunciada en la confesión que envió a Anticorrupción, Galán se escudó en la 'pieza kitchen' que se investiga dentro del 'caso Villarejo' en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
"Ha tenido una ingente documentación, papeles, pendrives y que le han sido sustraídas y no porque lo diga él, sino porque es objeto de una investigación como es la 'operación kitchen' y hay indicios de que algunos miembros del gobierno y de la política indiciariamente habrían participado en ello. Y con fondos reservados, lo que es más grave. De ese déficit, no es culpable por lo que se ve el señor Bárcenas. Y sería paradójico que se le hiciera serlo", argumentó el letrado.
Por ello para acreditar lo dicho por Bárcenas pidió la declaración de varios periodistas: Francisco Mercado, que realizó la grabación a la que Bárcenas se refería en su confesión sobre su antecesor al frente de la tesorería del partido, el fallecido Álvaro Lapuerta, y el cobro de donaciones para financiar ilegal del PP. También pidió la de Eduardo Inda, por haberla oído, y la de Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal.
Pendientes de Páez
El juicio está pendiente de la decisión que adopte el tribunal respecto al coronavirus que padece el exgerente del PP Cristóbal Páez, con el que se ha conectado a distancia y ha afirmado que tiene fiebre. Su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, pidió que se suspenda hasta el lunes próximo y que él pueda asistir en persona, como acordó el tribunal con el propio Bárcenas y una consulta que le hizo Instituciones Penitenciarias sobre sus desplazamientos. El presidente del tribunal, José Antonio Mora, mostró su preocupación por su estado de salud y le recordó que se pronunciará sobre la continuación del juicio al concluir las cuestiones previas, con las que se continuará en la sesión de este martes.
Por su parte, los abogados de los responsables de la empresa Unifica, que hizo las obras en la sede del PP, reclamaron el archivo de las actuaciones por prescripción o porque por la entidad de lo que se juzga debería corresponder a los juzgados penales ordinarios y no a la Audiencia Nacional. La defensa de la empleada Laura Montero, a la que el fiscal no acusa, pero sí las acusaciones, centra sus cuestiones previas en que no debería poder haber acusación popular en delitos fiscales, salvo la abogacía del Estado.
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