La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha enviado sendas cartas al Gobierno de España y al de Baleares para que "expliquen las medidas adoptadas y las soluciones dadas" para proteger a los menores bajo su tutela, tras plantearse ante este organismo el caso de 16 menores tuteladas por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) víctimas de abusos sexuales.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, había anunciado ya el envío de estas misivas el pasado 26 de enero, cuando presentó el caso el empresario balear y candidato de Vox al Senado José Luis Sánchez Saliquet.

Las cartas, a las que ha tenido acceso Efe este lunes, van dirigidas al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago.

En ellas se expone el caso que se presentó en la Comisión de Peticiones en enero, cuando el peticionario explicó que se han bloqueado sendos intentos de establecer comisiones de investigación sobre este caso, tanto en el Parlamento balear como en el Congreso de los Diputados, y que "nada se sabe" del procedimiento penal iniciado por estos hechos.

Sánchez Saliquet criticó también que los partidos que conforman el gobierno balear crearan en su lugar una comisión de expertos cuyo informe final, lamentó, no hizo referencias a los abusos a los 16 menores.

"Esta petición ha sido discutida en la reunión de la Comisión de Peticiones del 26 de enero de 2021 en donde se decidió pedirles a las autoridades competentes del Gobierno de España que expliquen las medidas adoptadas y las soluciones dadas para la protección de los menores bajo su tutela", dice Montserrat en la carta, que adjunta también un resumen del caso.

Tras la presentación en enero, Montserrat anunció el envío de las cartas a las autoridades españolas y baleares, pidió a la Comisión de Libertades Civiles que revisara el asunto y a la Comisión Europea que compartiera la información sobre el seguimiento que está haciendo a la transposición en España de la más reciente directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual de menores.

El caso se mantiene abierto en la Comisión de Peticiones a la espera de recibir más información de las autoridades españolas y baleares.