Más de cuarenta colectivos, entre asociaciones culturales y de recuperación de la memoria histórica, y seiscientas personas han firmado ya un manifiesto publicado este martes por los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo para instar al Gobierno a recurrir el fallo de la Audiencia Provincial que confirma que el pazo de Meirás es patrimonio del Estado pero que ordena indemnizar a los descendientes del dictador Francisco Franco como poseedores de buena fe por los gastos de conservación, mantenimiento y mejoras realizadas en el inmueble desde 1975. A última hora de la tarde, los apoyos, pendientes de cotejo, superaban los 1.400, según los autores del texto.

Entre los firmantes del manifiesto titulado 'Volver pagar polo roubado: unha sentenza inasumible para un Estado democrático', hay personas vinculadas a la política, sobre todo del espectro del nacionalismo y de la izquierda; del ámbito literario, las artes plásticas y escénicas, la música, el periodismo, el sindicalismo o la enseñanza. Todos los firmantes instan a recurrir una sentencia para intentar evitar “que se indemnice a la familia Franco por los años de ocupación de Meirás” y, “sobre todo, impedir que se perpetúe el relato franquista”.

Los autores del manifiesto y las personas que han estampado su rúbrica en el texto, defienden, al contrario que el Ministerio de Justicia, que sí hay margen para un recurso de casación ante el Supremo. Administraciones codemandantes en el proceso como la Diputación y los concellos de Sada y A Coruña han expresado también su oposición a acatar el fallo y analizan la viabilidad de presentar un recurso en su calidad de adhesivas simples, una vez que el Estado ha expresado su renuncia a alegar por razones “estrictamente jurídicas”. La Xunta ha avanzado que respeta la decisión del Gobierno. Los Franco han informado a la Audiencia su intención de recurrir.

El manifiesto ve la luz un día antes de que se reúna la denominada Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás, de la que forman parte la Diputación, concellos de Sada y A Coruña y entidades culturales, sociales y de recuperación de la memoria histórica.

Los autores del manifiesto defienden, al igual que el Concello de Sada, que sí hay vías para alegar y apuntan a “contradicciones evidentes” en la sentencia de la Audiencia. Apuntan, entre otros extremos, al hecho de que los magistrados no vean acreditada la mala fe de Franco en la posesión del inmueble. Se trata, dicen, “de una valoración subjetiva contradictoria con las pruebas documentales y testimonios presentados en el juicio”. Los firmantes del manifiesto creen que no solo puede probarse la mala fe por parte del dictador, sino también de su mujer, Carmen Polo, con la que estaba casado en régimen de gananciales y que falleció en 1988, y también la de la hija de ambos, Carmen Franco: “¿También ellas eran desconocedoras de todo el proceso? ¿Ellas, que pisaron el pazo antes que el propio Franco, ya en 1938?”, se preguntan. Otro punto que ven que se contradice con las pruebas y los hechos probados en el relativo a que se fije la liquidación posesoria desde 1975, a pesar, inciden, de que la propia sentencia recoge que el pazo mantuvo un destacamento de la Guardia Civil hasta 1982 y un guardia hortelano hasta 1990.