La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha avanzado que, "seguramente", las regularizaciones del rey emérito, que ha pagado a Hacienda en los últimos meses más de cinco millones de euros, "obligarán" a la Fiscalía a llevar a cabo "nuevas investigaciones y comprobaciones".

Es algo que, ha reconocido, "debía decir" ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido este martes por primera vez desde que fue nombrada al frente de la Fiscalía General para explicar algunas de las actuaciones más relevantes de la institución contenidas en las memorias de 2017, 2018 y 2019.

Ha sido durante el turno de réplica, de apenas 15 minutos, y tras ser interpelada por algunos diputados sobre la situación del rey emérito, cuando Delgado ha celebrado que, gracias a la investigación de la Fiscalía, "en menos de dos meses" haya "aflorado" una cantidad de dinero "importante e inimaginable al principio" de las diligencias.

Se ha referido así a las dos regularizaciones realizadas por Juan Carlos I: de 678.393 euros la primera, de diciembre; y de más de 4,3 millones de euros la segunda, conocida la semana pasada, para saldar la deuda que tenía con Hacienda por el dinero del que se benefició de la Fundación Zagatka, fundada en 2003 por su primo lejano Álvaro de Orleáns-Borbón, para el pago de vuelos privados.

Un dinero, ha recalcado la fiscal general, "que es de todos los españoles", al tiempo que ha añadido: "Seguramente las nuevas regularizaciones nos darán datos y nos obligarán a realizar nuevas investigaciones y comprobaciones".

Antes de eso, Delgado, que ha querido dejar claro que "todos somos iguales ante la ley", ha protagonizado una extensa intervención, de más de dos horas, donde ha planteado la posibilidad de que el fiscal general sea elegido entre un número de candidatos y de que los ciudadanos puedan participar "en esa decisión".

"A lo mejor hay personas a las que no les gusta pero a mí me parece que la sociedad civil debe tener una participación porque la justicia radica en el pueblo", ha avanzado antes de explicar que se pueden estudiar "alternativas y posibilidades".

Con todo, el grueso de su exposición inicial ha servido para recordar algunas de las actuaciones más relevantes de la Fiscalía, entre las que ha destacado la protección de "nuestros mayores" en las residencias, a quienes ha considerado "héroes" en esta pandemia.

Especialmente contundente se ha mostrado en la defensa de las víctimas de violencia machista, a quienes "es imprescindible amparar y también empoderar" para conseguir que aflore la "violencia oculta y negra" que, ha subrayado, sigue existiendo porque "hay mujeres que no denuncian" por "miedo".

La violencia machista "existe por más que algunos quieran negarlo", ha enfatizado la fiscal, que ha lamentado que sólo 15 de las 59 asesinadas en 2019 habían denunciado y sólo 5 tenían en vigor una orden de protección, mientras que las denuncias falsas representan el 0,0069%, algo que ha repetido hasta tres veces.

La lucha contra la trata de mujeres, el terrorismo yihadista o la corrupción son algunas de las materias que ha abordado Delgado, quien, como ya hizo recientemente en el Senado, ha invitado a la "reflexión" sobre la posibilidad de acometer una reforma para reducir el reproche penal de los delitos de odio que tengan "menor entidad".

Respecto a los delitos sexuales, Delgado ha defendido nuevamente que se otorgue valor al testimonio de la víctima, y ha vuelto a mostrarse a favor de la reforma del modelo procesal para que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales y abandonar así "cualquier vestigio inquisitivo", algo para lo que, ha precisado, es necesario reformar el Estatuto Orgánico de la Fiscalía en busca de una mayor autonomía.

Como ocurrió en su anterior comparecencia, Delgado se ha encontrado con las duras críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que han vuelto a cuestionar su independencia al recordar su polémico nombramiento tras haber sido ministra, cargo en el que fue reprobada hasta tres veces, y que han sacado a colación episodios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo .

"El PP no negociará la Ley de Enjuiciamiento Criminal mientras usted sea fiscal general del Estado", le ha espetado su portavoz, Luis Santamaría, quien se ha referido a Delgado en varias ocasiones como "ministra fiscal" y a quien ha acusado de ser la "más fiel leal" del Ejecutivo.

Palabras que ha contestado desde el PSOE Francisco Aranda, quien ha brindado su apoyo a Delgado y ha achacado a los "populares" su poco patriotismo por pasar de ser "partido de Estado a partido de bloqueo".

Críticas duras también por parte del diputado de VOX Javier Ortega-Smith, que ha pedido un pronunciamiento claro de la Fiscalía sobre las peticiones de indultos a los líderes del "procés" y medidas más contundentes "contra quienes alientan, jalean y justifican" los disturbios en las calles de Barcelona, en referencia a Unidas Podemos.

En respuesta, Delgado ha dejado claro que "la libertad de expresión no es violencia" y, en relación al "procés", ha asegurado que "por esta fiscal general no se ha dado absolutamente ninguna instrucción".

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha señalado que el problema de la Fiscalía es la propia Delgado, "una anomalía democrática" tras haber sido ministra, de la que no se fía, ha dicho, para impulsar los cambios normativos que permitan a los fiscales dirigir la instrucción penal.

Delgado también se ha encontrado reproches de la CUP, Bildu, ERC o JxCAT, que han cuestionado la actuación de la Fiscalía, tildada por algunos como "impropia de un estado de derecho" en causas relacionadas con el independentismo catalán o con el rapero Pablo Hasel.