La familia Franco solicita al juzgado que requiera al Estado para que facilite toda la información y documentación que justifique la necesidad de acometer obras en el pazo de Meirás, la “pertinencia de las obras concretas” que ejecuta o proyecta y la justificación del importe —estimado en cerca de 400.000 euros por el Gobierno central—, además de permitir el acceso de técnicos designados por los herederos del dictador para revisar los trabajos. Los Franco han presentado un escrito al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña para solicitar “medidas de aseguramiento de prueba” ya que, alegan, podrían tener que asumir los “gastos necesarios” derivados las obras consideradas necesarias y declaradas de urgencia si los tribunales fallan a su favor y les otorgan la propiedad del inmueble, como han reclamado en su recurso.

La familia Franco solicita que la justificación de la necesidad de los trabajos y de su coste se haga extensiva “tanto a lo que ya se haya contratado/ejecutado o proyectado contratar/ejecutar como a lo que, en lo sucesivo y en tanto el inmueble sea poseído por la demandante sin que exista resolución judicial firme, decida o proyecte contratar/ejecutar”. Reclama un plazo de al menos 15 días desde la recepción de la documentación y la información para designar técnicos que inspeccionen las partes sobre las que se han proyectado obras y que se permita el acceso a estos técnicos.

Los herederos del dictador inciden en que el pazo es todavía un “bien litigioso” y las sentencias al respecto no son firmes. “El motivo de lo que ahora se solicita no es confrontar con la actora sobre qué clase de obras puede ejecutar en el inmueble o en qué gastos puede/debe incurrir. De lo que se trata es de que, una vez existe la posibilidad de que mis mandantes recuperen en su día el inmueble y que, de ser el caso, deban afrontar el reembolso de los ‘gastos necesarios’ en los que la actora haya incurrido, tengan la oportunidad de conocer en detalle el porqué de tales obras y consiguientes ‘gastos’ para así, en su caso, poder evaluar si efectivamente estamos ante ‘gastos necesarios’ y ponderar, en su caso, la proporcionalidad de su importe”, señala el escrito remitido por el representante legal de los Franco. Añade la solicitud al juzgado que, de no adoptarse las medidas que reclaman, se ocasionará a los Franco “una notoria indefensión de cara a ese posible escenario de vencimiento definitivo por su parte en este litigio, que traiga consigo la necesidad de abordar lo concerniente a los ‘gastos necesarios”.