Nunca y para nadie resulta fácil abandonar su país de origen y su entorno para migrar a un lugar desconocido, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Los motivos que llevan a miles de personas cada año a tomar esta decisión son muy diversos, desde la situación socioeconómica de los territorios de procedencia, hasta la huida de conflictos armados o de la persecución por cuestiones políticas, religiosas, étnicas, de género o de orientación sexual. En la ruta atlántica de la inmigración, que une África con Canarias, el riesgo se multiplica para mujeres y niños durante el trayecto hasta los puertos de salida y durante la travesía en alta mar, en embarcaciones atestadas y endebles, sin las mínimas condiciones de seguridad.
“Son el grupo más vulnerable, porque llevan peor el comer poco o no comer, el frío y la posible hipotermia tras varios días de navegación”, detalla el jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, Íñigo Vila. Quien señala que las intervenciones a pie de muelle con mujeres y niños “complica la operativa, porque suelen llegar en peor estado de salud”. Además, “durante el proceso migratorio son víctimas de diversos tipos de violencia, incluida la violencia sexual”, apunta, por su parte, el coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, y añade que “las mujeres y los niños son colectivos de especial vulnerabilidad, por lo que deberían tener un tratamiento más específico y diferenciado a su llegada”.
Los matrimonios forzosos y la mutilación genital son motivos de la huida a Europa
En 2020, el 95,2% de las personas que llegaron en patera a las Islas eran hombres, frente al 4,8% de mujeres; del total, el 15% eran menores de edad, según datos de Cruz Roja. Aunque la llegada reciente de dos embarcaciones con una cifra elevada de mujeres, algunas embarazadas, y niños ha resultado especialmente llamativa, por romper con el perfil habitual de los migrantes que arriban a las costas del Archipiélago por esta vía, no se trata de un cambio de tendencia. Vila explica que, de momento, han sido dos casos puntuales y que las cifras hay que analizarlas con una perspectiva más amplia, ya que en las siguientes embarcaciones arribaron exclusivamente hombres. No en vano, la cifra de mujeres llegadas a Canarias de manera irregular en lo que va de año ha disminuido con respecto al mismo periodo de 2020, siendo del 12,8% este año, frente al 21% del año pasado.
La procedencia de las mujeres que suelen llegar a Canarias, solas o con hijos a su cargo, es generalmente del África subsahariana, de países como Senegal, Mauritania, Nigeria o Malí, más que de origen magrebí. La necesidad de escapar de los matrimonios forzados, la mutilación genital y la violencia machista les impulsa a correr los riesgos que las acechan en estos trayectos y, en muchos casos, resultan atrapadas por las redes de las mafias de explotación sexual, con el consiguiente agravio físico y psicológico.
Sin embargo, “la persecución por motivos de género es una realidad totalmente invisibilizada con respecto al acceso a protección internacional”, lamenta Lozano. Quien considera que el sistema debería garantizar el acceso al procedimiento de aliso a todas las mujeres y niñas, así como ofrecerles un tratamiento diferenciado, “para tener una correcta identificación de su situación de vulnerabilidad y establecer recursos específicos para atenderlas”.
En lo que va de año, el 12,8% de los migrantes llegados a Canarias eran mujeres
Por otro lado, en cuanto a los menores, los que llegan junto a sus progenitores suelen tener entre dos y cinco años de edad, mientras que los no acompañados tienen una media de 16 años. En este último caso, estos jóvenes entran en el sistema de protección del Gobierno de Canarias, que se encarga de su tutela e integración hasta que cumplen la mayoría de edad. Entonces, se enfrentan a un panorama complejo, sin una red social que les sirva de soporte para desarrollarse en un entorno en el que carecen de recursos, apoyo familiar ni formación para acceder al mercado laboral. “Su mayor dificultad viene cuando cumplen los 18 años, porque los programas para la transición a la vida adulta son escasos”, declara Lorenzo. Quien subraya que a esta situación se añade que muchos carecen de documentación en regla, por lo que “permanecen en una situación administrativa irregular que les impide acceder a derechos, a los servicios públicos y acceder a un puesto de trabajo”. En estos aspectos, el coordinador de CEAR Canarias considera que “hay un amplio margen de mejora”.
Actualmente, en el Archipiélago hay 2.658 menores no acompañados bajo la tutela del Ejecutivo regional, muchos de ellos pendientes de las pruebas óseas que determinen su edad. Este alto índice “tensiona la capacidad de acogida de la comunidad autónoma”, según señala Juan Carlos Lorenzo, por lo que ve necesario alcanzar acuerdos con otras regiones para derivar a los menores. Hasta el momento, comunidades como Cataluña, Navarra, Castilla y León y Asturias ya se han comprometido a tutelar a cerca de un centenar de estos menores no acompañados; y el Gobierno de Canarias gestiona que otros territorios se sumen a este acuerdo solitario entre regiones que alivie la presión en los centros del Archipiélago y redunde en una mejor integración de los jóvenes.
