La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha confirmado el archivo de la investigación por malversación, prevaricación y fraude a la Administración por la organización de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Los magistrados no ven delito en la actuación de los responsables de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvemf) en la adjudicación de once contratos para la organización del evento. Entre los investigados estaban el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps; el obispo auxiliar, Esteban Escudero y el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, entre otros.

Los magistrados de la sección cuarta, en un auto en el que ha sido ponente el magistrado y expresidente de la Audiencia Pedro Castellano, considera que "las indagaciones judiciales tampoco han arrojado luz suficiente para amparar las conjeturas acusatorias (...) Presumir que los creadores de la fundación la dotaron de la formalidad privada para eludir los controles públicos, no se compadece bien desde un punto de vista lógico con la presunción simultánea de imputar a los autores la intención de abonar en el futuro las deudas con su consiguiente visibilidad", señalan en un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, diario del mismo grupo que este medio.

De hecho, sobre el quid de la cuestión, si la Fvemf era pública o privada, la sala se decanta por la tesis defendida por las defensas y la titular del Juzgado de Instrucción 5 de València sobre la naturaleza privada de la fundación que, por tanto, no debía someterse a la ley de contratos públicos. También señala la Audiencia que "no se ha demostrado tras cinco años de pesquisas, que a través de los contratos se hubiera favorecido a determinados contratistas o a la fundación misma, constando que todas las empresas contratistas han justificado y explicado sus trabajos y la remuneración percibida". Por tanto, "no se adivina, ningún propósito delictivo en el acuerdo de creación de la fundación, ni actuación posterior".

Respecto a la aportación a la Fvemf de 3.306.897 de euros por el Consell para pagar deudas pendientes y liquidar la fundación en 2014, la Audiencia considera esta inyección de dinero público "fruto de una decisión política" destinada a financiar un evento del que hay "notorio y público conocimiento el inmenso número de personas asistentes directamente a los mismos y el ingente seguimiento que tuvo a través de los medios de comunicación". Y que, destaca el magistrado Pedro Castellano, permitió una "proyección mundial de la imagen de la ciudad de Valencia, viniendo pues a prestar la fundación un irrefutable servicio público, auxiliada en sus costos por el Gobierno autonómico".