La exconsellera catalana Meritxell Serret, huida en Bélgica durante más de tres años, está citada este viernes para declarar ante el instructor del "procés" Pablo Llarena tras ponerse a disposición del Tribunal Supremo el pasado 11 de marzo. Después de entregarse, Llarena acordó su libertad provisional sin medidas cautelares, de manera que dejó sin efecto la orden de busca y captura nacional y la situación de rebeldía de la exconsellera, procesada por malversación y desobediencia tras el 1-O.
Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó del país tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig. No obstante, era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del "procés" dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.
Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como pasa con la Consellería de Serret.
La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
