A tres días de que finalice el plazo para que las administraciones aleguen contra la diligencia judicial que da vía libre a los nietos del dictador Francisco Franco a vaciar el pazo de Meirás, Iniciativa Galega pola Memoria ha convocado una protesta contra la “rapiña” de los Franco y la “pasividad” de Xunta y Estado a la hora de evitar este “expolio”. La manifestación está convocada para el 19 de junio y los memorialistas animan a la sociedad civil a sumarse para mostrar su rechazo a la resolución judicial, “defender Meirás” y "reactivar el movimiento social que permitió recuperar el pazo”.

La falta de noticias sobre los pasos que prevén dar la Xunta y el Estado para intentar evitar la retirada de los bienes muebles impacienta a los memorialistas. Y ha suscitado también las quejas del Ayuntamiento de Sada, el primero en anunciar que recurrirá la diligencia judicial y en instar al Estado a presentar un incidente de ejecución de sentencia para que la Justicia dirima qué objetos pueden retirarse y cuáles deben permanecer en Meirás, ya sea porque fueron vendidos con el pazo en 1938 o, entre otros extremos, porque tienen la consideración de bienes inmuebles por destino (aquellos que fueron instalados con el propósito de que quedasen unidos al edificio de forma permanente, como grupos escultóricos, relieves, retablos, etc.).

Iniciativa Galega pola Memoria se suma también a la petición del Concello de Sada de instar a la Xunta a modificar con urgencia el decreto por el que declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes asociados a este sitio histórico. La Consellería de Cultura afirma que velará porque permanezcan en Galicia los dos BIC que alberga actualmente el pazo, las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, pero se desentiende del resto de obras artísticas y elementos patrimoniales alegando que el trámite de modificar el decreto BIC le corresponde al Estado.

El colectivo memorialista que encabezan Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo rechaza este argumento, al igual que el Concello de Sada, y afirma que las competencias son de la Xunta. Un extremo al que apuntan también expertos que inciden en el hecho de que la propia Xunta abrió el expediente para declarar BIC la biblioteca de Pardo Bazán cuando ya se había dictado la ejecución provisional del fallo que devolvió Meirás al Estado. La plataforma insta también al Gobierno a establecer una estrategia para conservar los bienes muebles de Meirás. El Ejecutivo se ha limitado hasta ahora a decir que estudia presentar un recurso.