La Comisión de Justicia del Congreso ha rechazado este martes por amplia mayoría reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que los jueces elijan a la mayoría de los vocales, y prohibir los indultos a los condenados por rebelión y sedición.
Eran dos de los puntos de una proposición no de ley defendida por el PP, que reclamaba también reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para aumentar su independencia y que solo ha conseguido el apoyo de Ciudadanos y de Vox.
Los tres grupos han subrayado la necesidad de despolitizar el poder judicial, pero la mayoría de los grupos, incluido Vox, han criticado a los populares por proponer ahora reformas que no plantearon cuando estaban en el Gobierno.
Desde el PSOE, la diputada Andrea Fernández ha tildado la iniciativa de "oportunista" y ha rechazado la posibilidad de recortar la discrecionalidad del Gobierno a la hora de conceder indultos.
Tras subrayar la "lealtad" de los socialistas en las negociaciones para renovar el CGPJ, ha defendido también el actual sistema de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ.
Inmatriculaciones de la Iglesia
Por otro lado, el grupo socialista ha descartado este martes la posibilidad de anular las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde la aprobación de la Constitución española, una propuesta defendida en el Congreso por ERC y Bildu y que ha apoyado su socio de Unidas Podemos.
La Comisión de Justicia ha rechazado una proposición no de ley de ERC y Bildu para pedir al Gobierno el listado de bienes inmatriculados desde 1946, cancelar por "nulidad insubsanable" los asientos practicados por la Iglesia católica de acuerdo con la Ley Hipotecaria al menos desde 1978, "por inconstitucionalidad sobrevenida", y habilitar mecanismos para posibilitar las reclamaciones de los legítimos titulares de los bienes.
Desde ERC, Carolina Telechea ha defendido la necesidad de revertir una situación "injusta" en un estado aconfesional y desde Bildu, Isabel Pozueta ha considerado que "no hay más solución que deshacer lo mal hecho", ya que la Iglesia ha "usurpado patrimonio cultural que debería ser público".
Pero los socialistas han votado no. El diputado Juan Luis Soto ha recordado que el Gobierno ha cumplido el compromiso de publicar los bienes inmatriculados desde 1998, cuando gobernaba el PP y se reformó la Ley Hipotecaria permitiendo a la Iglesia registrar también templos de culto, en muchos cosas con una mera certificación obispal.
Y ha asegurado que el PSOE comparte el "fondo" de la proposición no de ley, pero ha señalado que no podían apoyarla por seguridad jurídica y se ha mostrado partidario de revisar cualquier bien indebidamente inmatriculados por la Iglesia en los juzgados.
La portavoz de Unida Podemos, Martina Velarde, sin embargo, ha defendido el voto a favor de la formación morada: ha recordado que en el pacto de gobierno se incluyó la aprobación de las reformas legislativas necesarias para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia y ha subrayado que su partido ya reclamó la nulidad de esos registros entre 1998 y 2015.
Velarde ha considerado que el listado hecho público por el Ejecutivo debería ser más detallado y ha instado al Ministerio de Cultura y al resto de administraciones públicas a reclamar por todas las vías a su alcance todos los bienes que figuren en su inventario de patrimonio histórico.
La portavoz del PP, Ana Belén Vázquez, ha apostado por dejar en manos de la justicia las posibles reclamaciones, mientras que el diputado de Vox, José María Sánchez García, ha denunciado el "anacronismo" de Bildu y ERC por sus iniciativas contra la Iglesia o la Monarquía.
Ciudadanos ha considerado que la nulidad sobrevenida en este caso es un "disparate inadmisible en un estado de derecho" y el PNV también ha rechazado ese punto, aunque ha votado a favor de conocer todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 y de habilitar mecanismos para posibilitar las reclamaciones.
Sí ha salido adelante en la misma Comisión por amplia mayoría otro de los compromisos del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos para impulsar la justicia universal y derogar la reforma que impulsó en 2014 el Gobierno del PP, que limitó al máximo la posibilidad de que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero.
Sólo el PP y Vox han votado en contra.
